Clasificadora de riesgo norteamericana pasó a tener el 100% de su par chilena
Clarke fue exsuperintendente de Valores y Seguros y lideró varias reformas al mercado de capitales y el Caso Inverlink.
La agencia clasificadora de riesgo de Estados Unidos, Moody’s, concretó la adquisición del control total de su par chilena, International Credit Rating (ICR), a sus fundadores: el exsuperintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, y su socio, Jorge Palomas.
Moody’s es considerada una de las tres mayores clasificadoras de riesgo del mundo y compite directamente con Standard & Poor’s y Fitch Ratings. A nivel local, ICR compite con las agencias Feller Rate, Humphreys y la filial chilena de Fitch Ratings.
Mayor peso en Chile y América Latina
Con esta operación, Moody’s afianza su presencia en el mercado chileno, tras adquirir el 50,1% que mantenían Clarke y Palomas, alcanzando así el 100% de la propiedad de ICR y pasando a ser su único socio indirecto, a través de dos sociedades relacionadas: Moody’s Local Chile (60%) y Moody’s Overseas Holdings (40%).
A través de un hecho esencial entregado ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ICR comentó que esta adquisición “reafirma el claro compromiso de Moody’s con Chile y el continuo fortalecimiento de la calidad de las clasificaciones de riesgo y de los reportes de investigación disponibles en los mercados locales de Latinoamérica”.
“La incorporación de ICR a Moody’s Local mejorará nuestra capacidad para ofrecer calificaciones crediticias, investigación y servicios analíticos de alta calidad a los participantes del mercado, contribuyendo a la vez a una mayor transparencia en Latinoamérica”, agregó.
El superintendente del Caso Inverlink y las reformas
Álvaro Clarke es un economista de la Universidad de Chile que, entre los años 2000 y 2003, se desempeñó al mando de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF).
Desde esa posición, lideró la denominada Ley de OPAs y Gobiernos Corporativos, así como la reforma del Mercado de Capitales I (MK I), modernizando la regulación tanto de las sociedades abiertas en bolsa como de los fondos mutuos, fondos de inversión, securitizadoras y compañías de seguros.
También le correspondió investigar en 2003 el denominado Caso Inverlink, una de las mayores estafas financieras perpetradas en el país, liderada por ese grupo financiero.
El fraude afectó al Banco Central de la época, a Corfo y a numerosos pequeños y medianos inversionistas, con un perjuicio estimado en más de US$100 millones.
