Medida se da en medio de la aguda crisis económica que vive el país altiplánico. Las tropas, junto a la Gendarmería y Prefectura Naval trasandinas, combatirán el narcotráfico y el contrabando.

Con el propósito de reforzar las tareas de seguridad en su frontera norte, en especial en la Provincia de Salta que limita con Bolivia, el gobierno trasandino de Javier Milei, ordenó a las Fuerzas Armadas argentinas un despliegue escalonado de efectivos en esa región.
El plan, considera la disposición permanente de 1.300 militares que durante el resto del año, y hasta el 15 de diciembre próximo, alcanzando en el período a los 10.000 efectivos en su mayoría del Ejercito, según La Nación de Argentina.
El plan, busca que los militares colaboren con la Gendarmería y la Prefectura Nava de ese país probablemente en las ciudades de Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza de la Provincia de Salta que limitan en su mayoría con la ciudad de Tarija en Bolivia.
El despliegue, en una segunda etapa, podría extenderse a la ciudad de Clorinda, en la Provincia de Formosa, que limita con Paraguay.
Este despliegue de militares es el mayor que realiza Argentina desde la Guerra de las Malvinas (o Falkland) en 1982. Según La Nación en los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández hubo operativos similares (Escudo Norte, Fortín I y II, Fronteras Seguras e Integración Norte, entre otros), pero de menor magnitud, con contingentes que iban de los 500 a los 5.000 efectivos, y principalmente para tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.
«Las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas tanto para disuadir amenazas, como para actuar de manera efectiva frente a agresiones, siempre en el marco de proveer a la defensa nacional ante agresiones externas”, sostiene, al respecto la resolución 347/2025, firmada por el ministro de Defensa de ese país, Luis Petri.
Desde el Ministerio de Defensa de Argentina trascendió que la actuación de los militares se concentrará en zonas rurales “alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales”. Las acciones son coordinadas con el Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich (a cargo de Gendarmería y la Prefectura Naval), y se busca “generar información estratégica para la defensa y las fuerzas federales”.
En su resolución, el gobierno trasandino dispuso que “durante las operaciones militares, las actividades de adiestramiento operacional y otras tareas, los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente el material y equipo necesarios para la defensa nacional”.
Tensión política y económica con Bolivia
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, las relaciones económicas y diplomáticas de ese país con Bolivia se han deteriorado aceleradamente. Milei limitó la venta a granel de de combustibles a Bolivia, exigiendo el pago de una deuda de arrastre, y prohibió la venta de alimentos de primera necesidad, en su mayoría subsidiados, que pasaban de contrabando desde Argentina a Bolivia, en la zona fronteriza que ahora se busca reforzar militarmente.
En una represalia no oficial, en Bolivia los ciudadanos argentinos han dejado de recibir atención médica de urgencia y enfrentan dificultades para adquirir combustible.
El reforzamiento de la frontera norte trasandina, se da en momentos en que Bolivia enfrenta una aguda crisis económica, con una importante devaluación de su mone (el Boliviano) frente al dólar y las monedas fronterizas (el peso de Argentina y Chile y el Sol de Perú) y una fuerte contracción en la oferta de alimentos y combustibles.
En ese contexto el presidente boliviano, Luis Arce, criticó a Milei por ser un presidente “conflictivo” que no ayuda al “buen vecindario”.