Abogados de los trabajadores argumentan que las obras pertenecen a la corporación en liquidación, ya que nunca se aportaron a la inmobiliaria vinculada al club.
Un inventario y tasación del 2020 señala que la organización tenía un patrimonio en obras de arte de $2.788 millones. De ese total, $1.523 millones corresponden a pinturas chilenas y europeas.
En ese patrimonio artístico, destacan valiosos óleos de Alberto Valenzuela Llanos y Pedro Lira, tasados en $150 millones cada uno.
Una nueva pugna legal se abrió hoy en torno a la liquidación forzosa (quiebra) de la Corporación Club de la Unión, el emblemático círculo de la socialité santiaguina que administraba el histórico edificio de Alameda 1091.
Esto, luego de que los acreedores de la corporación descubrieran que las valiosas pinturas y obras de arte que adornaban sus instalaciones pertenecen legalmente a la sociedad en quiebra y no a la Unión Inmobiliaria S.A., una de las tres sociedades en las que se reparte el patrimonio y los activos del club.
Un club y tres sociedades
Lo que se denomina «Club de La Unión de Santiago» en realidad es un grupo de sociedades compuesto por la Corporación Club de La Unión (hoy en liquidación), Unión Inmobiliaria S.A. (en reorganización judicial) y el Club de la Unión S.A.
Al respecto, siempre se argumentó que la corporación solo administraba las deudas y los contratos de trabajo del personal del club, siendo estos últimos los que propiciaron la liquidación de la corporación debido a millonarias deudas laborales y previsionales. Todo en el marco de una crisis económica pospandemia que también afecta a otras antiguas organizaciones del país.
Bajo ese esquema societario, incluso se argumentó, en tribunales, que la Unión Inmobiliaria era la sociedad dueña de los activos, tales como el edificio de Alameda, las pinturas históricas y las obras de arte que decoraban el inmueble.
Sin embargo, esta semana el abogado Eduardo Guerrero, que representa a los trabajadores del club, detectó que desde la escritura de constitución de la Unión Inmobiliaria (en 1947) y en documentos posteriores, solo se aportó a esa sociedad el edificio de Alameda y no sus obras de arte.
De hecho, fuentes conocedoras del proceso señalaron que la Unión Inmobiliaria ha planteado a la veedora a cargo de su reorganización, Daniela Camus Astorquiza, la posibilidad de vender algunas de las pinturas del club para saldar deudas.
No obstante, hoy los abogados de los acreedores de la Corporación Club de la Unión informaron a la veedora que no podía disponer de esas obras de arte, ya que pertenecen a la corporación. Por lo tanto, deben ser agregadas a la quiebra y proceder con su remate.
Quiebra del Club de La Unión: piden rematar valiosas pinturas y arte
El listado de obras de arte al que tuvo acceso RoadShow incluye valiosas pinturas chilenas y europeas de conocidos artistas, cuyo valor total fue tasado en $1.523 millones.
Si a ellas se suman las esculturas, mobiliario, objetos decorativos, alfombras y otros, el valor comercial de ese patrimonio asciende a $2.788 millones, según la valorización efectuada en 2020 por el tasador de arte Francisco Monge.
Entre las obras más valiosas de la lista, con 121 pinturas, destacan los óleos de Alberto Valenzuela Llanos (Hora Solemne) y Pedro Lira (La mala nueva), tasados cada uno en $150 millones, y otras dos obras de Valenzuela Llanos: Primavera en Lo Contador y Otoño, valorizadas en $140 millones cada una.
A las pinturas, se suman $259 millones en esculturas, $297 millones en lámparas y similares, $485 millones en muebles, $77 millones en tapicerías, $59 millones en adornos, $43 millones en alfombras, $23 millones en grabados y $20 millones en instrumentos musicales (ver detalle en archivo adjunto).
Otro de los detalles que los abogados de los acreedores del club señalaron es que la Corporación Club de la Unión habría empleado para sus operaciones la cuenta corriente de un tercero, lo cual no se informó en la liquidación forzosa.
Debido a ello, los acreedores estarían evaluando iniciar acciones penales por el delito de «ocultación de bienes» en la liquidación, contra quienes resulten responsables.
La millonaria deuda del club
Al 30 de abril del año pasado, la Corporación Club de la Unión en liquidación declaró tener pasivos (deudas) por $1.539 millones, cifra que a esta semana debe incorporar los reajustes, multas e intereses respectivos.
Ese total se descomponía en $1.068 millones en cuentas por pagar a proveedores, $72 millones en impuestos, $316 millones en acreedores laborales (aunque otros juicios indican que este ítem ya supera los $1.000 millones), $67 millones en acreedores previsionales y $15 millones por eventos no realizados.
En el contexto de la quiebra de la corporación, el martes, el liquidador asignado, Ernesto Pérez Vera, se constituyó en las oficinas del club para revisar el estado y la ubicación de los bienes considerados dentro del proceso.
De esta forma, para el próximo lunes quedó fijada la fecha para que el gerente de la corporación, Ricardo Izurieta, y su abogado, Vicente Sáez, entreguen la documentación y bienes del club.
Acusan «mala fe» en el Tribunal Constitucional
Para evitar la liquidación de los bienes, la Corporación Club de la Unión recurrió, a través de su gerente y abogado (Izurieta y Sáez), el 16 de mayo al Tribunal Constitucional (TC).
Ahí, busca que se declare inconstitucional la norma de la nueva ley de quiebras, que determina que las resoluciones judiciales sobre reorganización o liquidación solo se pueden apelar con «efecto devolutivo», es decir, sin detener lo decidido por un juzgado civil, en este caso, la liquidación forzosa de la corporación.
Esa presentación fue vista recién ayer por el Tribunal Constitucional, y ante ella, los abogados de los acreedores (mayoritariamente extrabajadores) de la corporación presentaron un «se tenga presente».
En ese texto advirtieron al TC sobre «la mala fe que permanentemente ha caracterizado el actuar de la Corporación Club de la Unión», mal utilizando o torciendo la legislación para recurrir a todo tipo de presentaciones ante los tribunales superiores del país para impedir que se cobren y liquiden sus deudas.
«Resulta evidente el carácter dilatorio de este requerimiento, y nuestro sistema jurídico no puede amparar este tipo de comportamiento, el cual tiene como única finalidad afectar el derecho de los trabajadores y dilatar aún más el cumplimiento de sus obligaciones», señaló al TC el abogado de los trabajadores del club, Eduardo Guerrero Schiappacasse.
