Según el director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en el país «estamos dentro de lo peor a nivel internacional».
Advirtió que las trabas para levantar el secreto bancario obligan a su unidad a ser selectiva en las investigaciones.
Aseguró que en el país solo se pesquisa el 2% de los activos del crimen organizado.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo de inteligencia que persigue el lavado de activos en el país, Carlos Pavez, advirtió hoy que, debido a la forma en que está regulado el secreto bancario, «en Chile somos parte de una minoría muy clara e identificable a nivel internacional», por los bajos niveles de fiscalización de estos delitos.
«Somos de los pocos países donde no tenemos facultades (para levantar administrativamente el secreto bancario) para funciones de inteligencia. Si uno mira a nivel de la OCDE, somos los únicos, junto con Australia, que tenemos estas restricciones, con la diferencia de que en Australia tienen otro tipo de facultades y posibilidades de acceso a esta información», comentó a CNN Chile..
Pavez aseguró que, como país, en esta área «estamos dentro de lo peor a nivel internacional», panorama que el Gobierno busca revertir mediante un proyecto de ley que se analiza en segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Un proceso selectivo, largo y caro
Hoy, «para levantar el secreto bancario en Chile tenemos que recurrir a la autorización de un ministro de Corte de Apelaciones, y eso dificulta mucho más la labor de la UAF», relató el jefe de la unidad. Agregó que eso implica para la entidad enfrentar «un proceso mucho más largo y más selectivo, donde tenemos que priorizar, lo que implica mayor utilización de recursos».
«Eso nos lleva a decidir qué casos o reportes vamos a iniciar como investigación específica, de manera de tener un caso sólido ante un ministro de Corte de Apelaciones» que autorice el alzamiento del secreto bancario de una persona o empresa.
Básicamente, «no podemos investigar todo lo que quisiéramos», pese a que, a nivel mundial, «es casi imposible lavar dinero si no se utilizan las cuentas de los bancos».
«Esto se nos puede escapar de las manos»
Para Pavez, la situación es delicada, ya que «en la medida que los países e instituciones no cumplen en forma adecuada las recomendaciones internacionales, las contrapartes o socios comerciales empiezan a hacer la advertencia de que no se puede seguir trabajando u operando si el país no está cumpliendo. Empezamos a tener mala fama y a recibir ciertas limitaciones a nivel internacional».
«Estamos muy lejos de poder abordar lo más relevante, siquiera, de todas las operaciones irregulares y actividades del crimen organizado. A nivel internacional discutimos con los otros países que solo alrededor del 2% a 3% de todos los activos que mueve el crimen organizado se logran pesquisar y restituir. Es decir, hay un problema grueso del que hay que hacerse cargo».
«Estamos muy lejos de abordar el problema en forma seria», agregó, y estimó que «en Chile debemos estar más abajo de la media de los países más desarrollados, con un 2%» de fiscalización de activos del crimen organizado.
«Es tanto el nivel de recursos que mueve el crimen organizado, que es muy fácil reemplazar a las personas que se logran capturar» por ejercer estas actividades. Si no se combaten ni persiguen estas actividades ilícitas, la labor que se ejerce contra ellas «va a pasar a ser simplemente parte de sus costos», aseguró el titular de la UAF.
Aquí hay un riesgo de que «todo esto se nos pueda escapar de las manos», advirtió Pavez.
20 sectores económicos no reportan
En Chile, la UAF fiscaliza a 55 sectores económicos que deben reportar toda transacción sospechosa por considerarse inusual o carente de justificación económica o jurídica, o que indique que hay posibilidades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, 20 de esos sectores económicos no están informando sus operaciones sospechosas a la UAF; y no es que esos sectores «no tengan nada que reportar», dijo Pavez.
Agregó que ese problema lo está enfrentando el organismo mediante la búsqueda de grandes operadores en cada sector económico, como es el caso de las automotoras, a quienes se les obliga a reportar sus actividades.
A esto se suma el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, que también «apunta a facilitar las sanciones contra las instituciones que no se registran en la UAF ni reportan», destacó.
