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El incesante lobby de Jaime Leyton para vender radares meteorológicos al Gobierno

por RoadShow
21 de octubre de 2026
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Al menos diez fabricantes extranjeros llevan años golpeando las puertas del Estado chileno para vender sus radares.

De US$400 mil a US$2,5 millones por equipo. Las diferencias de precios son enormes y detrás de cada cifra hay un negocio muy distinto.

Desde radares móviles que caben en una camioneta hasta gigantescas instalaciones. Las nuevas tecnologías prometen cambiar los costos y la forma de anticipar los temporales.

Jaime Leyton, meteorólogo.
Jaime Leyton, meteorólogo de Mega.

Los temporales que Jaime Leyton anuncia por televisión tienen una historia menos conocida, que transcurre lejos de las cámaras y en las oficinas del Estado. Desde 2019, el meteorólogo acumula al menos 11 reuniones de lobby ante Meteorología, Aeronáutica Civil, SENAPRED y la autoridad marítima, junto a empresarios que buscan vender radares meteorológicos al Gobierno de Chile.

Detrás de esas gestiones hay un negocio de grandes proporciones. Leyton y sus socios impulsaron una concesión por 20 años, con millonarios pagos del Estado, que despertó reparos en el Ministerio de Obras Públicas. Pero el proyecto no quedó ahí: este año volvieron a la carga con una nueva propuesta.

Diez radares y un negocio a 20 años

Las primeras gestiones vienen de 2019. Ese año, Leyton y Víctor Orellana participaron como asesores de la española Dominion en una reunión con Meteorología. La multinacional ya proponía financiar una red meteorológica mediante una concesión, con pagos del Estado a largo plazo.

Seis años después, en abril de 2025, Leyton, Orellana y Miguel Jara llevaron al Ministerio de Obras Públicas una nueva propuesta, esta vez a través de OLJ y Asociados. El proyecto contemplaba nueve radares fijos, uno móvil, 58 detectores de tormentas y 265 nuevas estaciones meteorológicas.

Pero el negocio iba más allá de vender equipos: también incluía operar y mantener la red, además de comercializar servicios especializados a empresas privadas.

La inversión inicial se estimó en US$105 millones, bajo una concesión de 20 años que contemplaba 17 pagos anuales del Estado de unos US$28,5 millones cada uno.

Aluvión en Las Condes.
Aluvión en Las Condes.

La iniciativa obtuvo opiniones favorables de Meteorología, SENAPRED y Agricultura, entre otros organismos, pero encontró resistencia en el propio MOP. El Consejo de Concesiones cuestionó su elevado costo, la escasa exposición al riesgo de los privados y la conveniencia de pagar por una infraestructura que el Estado podría desarrollar directamente.

Los reparos no detuvieron a Leyton y sus socios. Tras retirar la propuesta original, volvieron a presentarla en abril de 2026, esta vez con un papel más protagónico para SENAPRED.

El propio meteorólogo explicó los cambios ante la Dirección Meteorológica en mayo. La nueva iniciativa quedó registrada y, según la última nómina oficial disponible, seguía en etapa de presentación a junio de este año.

Los otros interesados en el negocio

Al menos diez fabricantes extranjeros también han pasado por las oficinas del Estado chileno para ofrecer sus radares, según los registros de la Ley del Lobby. Algunos llevan años insistiendo, pese a que todavía no existe una licitación en marcha.

Entre los más activos figura la japonesa Furuno, con al menos ocho reuniones entre 2019 y 2025, cinco de ellas durante el último año. Sus representantes han visitado Meteorología, Aeronáutica Civil, CONAF y municipios para presentar sus equipos.

La italiana Leonardo registra al menos seis audiencias entre 2019 y 2025. Más reciente es la llegada de la china Sun Create Electronics, que en junio del año pasado presentó sus radares a través de Framar Representaciones.

Otras compañías también comenzaron temprano sus gestiones. En 2019 ya habían golpeado las puertas del Estado la argentina INVAP y las estadounidenses EEC y Advanced Designs Corporation. Esta última llegó representada por Centurion Armor.

La finlandesa Vaisala suma al menos tres reuniones entre 2019 y 2024, al igual que la estadounidense Baron Weather, cuyas gestiones se extendieron hasta 2023. Otra firma norteamericana, EWR Radar Systems, registra dos encuentros, en 2022 y 2025.

La checa Meteopress sostuvo dos audiencias en un mismo día de marzo de 2024, una ante Meteorología y otra ante Defensa, para presentar sus radares y sistemas de inteligencia artificial.

Las gestiones incluso han contado con respaldo diplomático. INVAP llegó acompañada por representantes de la Embajada argentina, mientras Meteopress contó con el apoyo de la representación checa y ejecutivos de su banca exportadora.

En 2019, la Dirección General de Aeronáutica Civil ya había realizado una consulta al mercado para explorar la instalación de radares meteorológicos en Santiago. La solicitud atrajo a proveedores como Vaisala, pero no desembocó entonces en una compra.

Las diferencias de precios

En agosto de 2025, los representantes de la japonesa Furuno hablaron de radares compactos de unos US$400 mil. La argentina INVAP, en cambio, había presentado en 2019 equipos de entre US$2 millones y US$2,5 millones.

No son máquinas equivalentes. Cambian su tamaño, alcance, tecnología y capacidad para detectar lluvias y tormentas, diferencias que ayudan a explicar por qué sus precios pueden estar tan distantes.

La checa Meteopress ofrece otra alternativa. En 2021 publicó precios de entre 350 mil y 600 mil euros para sus radares de banda C, dependiendo del modelo y el tamaño de la antena. Son valores bastante inferiores a los declarados por INVAP, aunque corresponden a equipos con características distintas.

El Gobierno también puso una cifra sobre la mesa. Tras los últimos temporales, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, estimó en unos $800 millones el costo de cada radar y habló de adquirir varios para cubrir el país. Sin embargo, no precisó qué tecnología considera ese valor. Por ahora, tampoco hay una licitación en marcha.

De radares gigantes a equipos que viajan en camioneta

Los grandes radares tradicionales, instalados en torres y capaces de vigilar extensas zonas, ya no son la única alternativa. La japonesa Furuno, por ejemplo, fabrica un modelo compacto cuya antena pesa apenas 65 kilos y que puede observar precipitaciones a una distancia máxima de 70 kilómetros.

La diferencia está en lo que cada equipo puede detectar. Los radares de banda X son pequeños y permiten seguir lluvias localizadas, aunque su señal pierde eficacia frente a precipitaciones muy intensas. Los de banda C ofrecen mayor cobertura, mientras que los grandes sistemas de banda S pueden observar tormentas a cientos de kilómetros, con menor pérdida de señal durante los temporales.

También existen soluciones móviles. La checa Meteopress fabrica radares que pueden transportarse en camiones o camionetas y, según el modelo, funcionar con baterías o energía solar.

Su nueva tecnología BARA, de barrido electrónico, permite obtener imágenes tridimensionales de una tormenta cada 20 o 30 segundos, frente a los varios minutos que necesitan muchos radares convencionales.

Los equipos también se diferencian por sus capacidades de observación. La tecnología Doppler permite medir el movimiento de las precipitaciones, mientras que la doble polarización ayuda a distinguir lluvia, nieve y granizo. Varios fabricantes combinan ambas funciones.

En Chile, la cordillera, los valles y la extensión del territorio complican la cobertura. Un radar de gran alcance no necesariamente puede observar lo que ocurre detrás de una montaña. Por eso, las redes modernas también combinan grandes instalaciones con equipos compactos que vigilan zonas específicas.

La decisión que Chile sigue postergando

En Estados Unidos, un informe de la agencia meteorológica NOAA reveló que los radares compactos pueden costar alrededor de un 90% menos que los grandes equipos tradicionales. Aunque no ofrecen las mismas capacidades, permiten ampliar la vigilancia de lluvias y tormentas sin depender exclusivamente de instalaciones millonarias.

La decisión pendiente en Chile no es solamente qué radares comprar. También es cómo financiarlos: adquirir equipos directamente a los fabricantes internacionales o recurrir a una concesión de 20 años como la que promueve Leyton. Son modelos de negocio diferentes, con compromisos económicos muy distintos para el Estado.

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