La Municipalidad de Santiago presentó una querella contra la exalcaldesa por la compra de la ex Clínica Sierra Bella.
La acción se basa en las conclusiones del sumario de Contraloría, que derivó en la destitución de seis funcionarios municipales y estableció responsabilidades administrativas.
Según la presentación, la operación mantiene una deuda superior a $9.300 millones y dejó comprometidos $2.475 millones de recursos vinculados a la salud comunal.
La Municipalidad de Santiago, encabezada por Mario Desbordes, presentó una querella por fraude al fisco contra la exalcaldesa Irací Hassler por la compra de la ex Clínica Sierra Bella, una operación anunciada en 2023 como la futura clínica municipal de la comuna y que hoy mantiene una deuda superior a $9.300 millones. Según la presentación, además, existen $2.475 millones de recursos asociados a salud que permanecen comprometidos desde entonces.
La acción transforma en una ofensiva penal las conclusiones del sumario de Contraloría que terminó con seis funcionarios destituidos. También abre una línea de investigación distinta a la causa original sobre el precio del inmueble, que concluyó sin acusaciones penales contra los involucrados.
La nueva querella no busca volver sobre las tasaciones ni sobre el valor acordado para la compra. Según la propia presentación, los antecedentes que dieron origen a esta causa corresponden a “hechos diversos” respecto de la investigación original y dicen relación con “la legalidad del acto administrativo que autorizó la compra y no el precio de la misma”.
Un conflicto de más de $9.300 millones
El proyecto fue presentado en enero de 2023 como una de las iniciativas emblemáticas de la administración de Irací Hassler. La idea era habilitar una clínica municipal en Santiago mediante la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella.
Sin embargo, la operación quedó bajo cuestionamiento luego de que la Contraloría objetara distintos aspectos del proceso. Posteriormente se iniciaron investigaciones administrativas, civiles y penales que terminaron convirtiendo la compra en uno de los casos más controvertidos de la gestión municipal anterior.
Aunque el recinto nunca llegó a operar como clínica municipal, el conflicto continuó avanzando en tribunales. Según la actual administración, una resolución judicial permitió que el inmueble quedara inscrito a nombre de la Municipalidad de Santiago, abriendo una nueva disputa respecto de las obligaciones derivadas de la compraventa.
Las conclusiones de Contraloría que impulsaron la querella
El punto de inflexión llegó en mayo de este año. Tras más de tres años de investigación administrativa, la Contraloría concluyó el sumario por Sierra Bella y estableció responsabilidades respecto del proceso que dio origen a la compra.
Posteriormente, Mario Desbordes firmó el decreto que aplicó íntegramente las sanciones propuestas por el organismo. Entre ellas figuraron seis destituciones, una suspensión y otras medidas disciplinarias contra funcionarios que participaron en la operación.
Sobre esa base, la Municipalidad decidió avanzar un paso más. La querella presentada ahora utiliza las conclusiones del organismo fiscalizador como uno de sus principales fundamentos y busca determinar eventuales responsabilidades penales derivadas de la ejecución de la compra.
Los $2.475 millones que siguen comprometidos
Uno de los puntos centrales de la presentación es el destino de los recursos asociados a la atención primaria de salud. Según la Municipalidad, $2.475 millones permanecen comprometidos desde 2023 como consecuencia de la operación.
Entre los antecedentes citados por el municipio figura la emisión de un vale vista por $2.475.862.002 con cargo a recursos de salud antes de que existiera el acto administrativo que autorizara formalmente la adquisición. También se mencionan observaciones posteriores de Contraloría sobre la ejecución del proceso.
La acción judicial identifica a Irací Hassler como principal querellada y solicita investigar también la eventual participación de otras personas que hubieran intervenido en los hechos descritos.
La investigación penal original terminó sin acusaciones vinculadas al precio de compra del inmueble. Sin embargo, las conclusiones del sumario administrativo modificaron el escenario y dieron origen a una nueva ofensiva impulsada por la actual administración municipal.
Tres años después del anuncio de la futura clínica municipal, el inmueble permanece inscrito a nombre de la Municipalidad de Santiago, existe una disputa por el pago de la operación y la Fiscalía deberá determinar si las decisiones adoptadas durante el proceso pueden dar lugar a responsabilidades penales.
