El requerimiento comprende a cuatro altos mandos: el director ejecutivo, el director financiero y dos vicepresidentes.
La causa se originó por una denuncia de administración fraudulenta y continúa en Perú para resolver una reclamación de reparación económica.
El demandante es un accionista minoritario de Chemtrade, filial peruana de la empresa chilena de explosivos.
Una disputa entre un accionista minoritario y la administración de Chemtrade, filial peruana de Enaex, llegó a la Corte Suprema de Chile. Un tribunal de Lima envió un exhorto para notificar al director ejecutivo de la compañía de explosivos, Juan Andrés Errázuriz, y a otros tres altos mandos de una audiencia fijada para noviembre, en la que se discutirá una reparación económica tras una denuncia por administración fraudulenta.
El requerimiento ingresó al máximo tribunal chileno el 28 de septiembre. Su origen está en una reclamación de Luis Antonio Hilgert Valderrama, accionista minoritario de Chemtrade, quien mantiene una controversia sobre la administración de la sociedad y el acceso a su información financiera.
Además de Errázuriz, el exhorto comprende a Pablo Busquet, director financiero de Enaex; Edmundo Jiménez, vicepresidente de Enaex Australia, y Francisco Javier Baudrand, vicepresidente de Enaex África. Según informa la compañía, los cuatro integran su comité ejecutivo.
La audiencia se realizará el 25 de noviembre, a las 11:00, hora peruana, por videoconferencia ante el Vigésimo Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Los antecedentes remitidos a Chile no detallan la actuación específica que el reclamante atribuye a cada uno de los cuatro ejecutivos.
El negocio peruano de Enaex
Enaex adquirió el 85% de Chemtrade en 2014. La compra marcó su regreso al mercado peruano y amplió su negocio de suministro de explosivos y servicios de voladura para la minería, con camiones fábrica que permiten preparar los productos en las propias faenas.
Según la información corporativa de Enaex Perú, Chemtrade fabrica componentes para explosivos y comercializa nitrato de amonio, explosivos y accesorios de voladura. Son insumos utilizados para fragmentar la roca y facilitar su extracción. Su operación incluye la planta de Vegueta y áreas de almacenamiento de nitrato de amonio.
Enaex es, a su vez, filial del grupo Sigdo Koppers, que tomó su control en 1993. La compañía forma parte del área industrial del conglomerado y combina la producción de explosivos con servicios para las operaciones mineras.
Los años posteriores a la adquisición de Chemtrade aparecen en la controversia con Hilgert. Las resoluciones incorporadas al exhorto mencionan hechos relacionados con los ejercicios de 2014 a 2018 y solicitudes de información sobre la situación financiera de la sociedad.
Los estados financieros en el centro del conflicto
Hilgert presentó la denuncia penal en septiembre de 2018 y la amplió en mayo de 2019. Entre los antecedentes figura una carta notarial enviada en marzo de 2019, mediante la cual solicitó los estados financieros auditados de 2018, sus anexos y los estudios de precios de transferencia entregados a la autoridad tributaria peruana para los ejercicios de 2014 a 2018.
Estos estudios permiten revisar los precios utilizados en operaciones entre empresas relacionadas. Junto con los estados financieros, formaban parte de los antecedentes que el accionista buscaba conocer.
Según recoge la resolución de apelación, Hilgert sostuvo que no había recibido la información solicitada, lo que le impedía conocer la realidad de Chemtrade. La defensa rechazó esa versión: afirmó que él también integraba el directorio y que todos sus miembros habían sido informados de los estados financieros antes de someterlos a la junta de accionistas.
La discusión judicial cambió de rumbo en abril de 2025. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima acogió la prescripción solicitada por las defensas de Elmer Alberto Vidal Sánchez y Cristian Andrés Henríquez Pacheco, quienes habían ejercido la gerencia general y la gerencia financiera de Chemtrade, respectivamente.
La reclamación económica sigue abierta
El tribunal consideró vencido el plazo para perseguir penalmente esos hechos y cerró la acción penal respecto de ambos. Sin embargo, ordenó al juzgado resolver si correspondía conceder una reparación económica al accionista.
Esa reclamación mantiene abierto el proceso. La jueza Marina Inés Supanta Condor explica en la carta dirigida a Chile que la causa fue originalmente penal y quedó reducida a la reparación civil solicitada contra los cuatro ejecutivos incluidos en el exhorto.
Las dificultades para notificarlos en el extranjero impidieron continuar una audiencia el 1 de abril de este año. Durante esa sesión, las partes discutieron si los documentos podían entregarse en oficinas de empresas o estudios de abogados vinculados a Chemtrade. Las defensas presentes sostuvieron que los demandados debían recibir las notificaciones personalmente.
El envío del exhorto busca completar ese paso antes de la audiencia de noviembre, en la que se discutirá si corresponde compensar al minoritario. El documento no menciona los montos involucrados. Ocho años después de la denuncia inicial, esa reclamación económica sigue pendiente de una decisión en Lima.
