La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
El fallo cuestiona la interpretación del derecho argentino hecha en primera instancia y reabre el caso.
La decisión deja sin efecto, por ahora, una de las mayores contingencias financieras del país.
Argentina logró un giro clave en el juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar más de US$16.100 millones.
El fallo no cierra el caso, pero cambia completamente su curso. La causa volverá a instancias inferiores bajo nuevos criterios, dejando sin efecto, por ahora, una de las mayores amenazas fiscales para el Estado argentino.
Durante más de una década, el litigio por la estatización de YPF —realizada en 2012— se transformó en el principal frente judicial externo del país. En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina, al considerar que el Estado trasandino incumplió el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.
Esa sentencia fijaba una indemnización superior a los US$16.100 millones, más intereses. La cifra se convirtió en uno de los mayores riesgos fiscales derivados de litigios internacionales para el país.
Un fallo que reordena el caso
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que la interpretación del derecho argentino realizada en primera instancia fue incorrecta. Ese argumento había sido planteado por la defensa del Estado en distintas administraciones y volvió a ser central en la última etapa del proceso.
En concreto, el punto en disputa es qué norma prevalece: la ley de expropiación aprobada en 2012 o el estatuto de YPF, que obliga a quien supera el 15% de la propiedad a lanzar una oferta por el resto de las acciones.
El tribunal no resolvió definitivamente ese conflicto, pero sí estableció que debe ser revisado bajo un nuevo análisis jurídico. Como resultado, revocó la sentencia y ordenó que el caso continúe su tramitación.
YPF queda fuera de responsabilidad
Otro elemento relevante del fallo es que se mantiene la exculpación de YPF. La petrolera no fue considerada responsable por la forma en que se llevó a cabo la estatización, lo que refuerza su posición dentro del proceso.
El litigio se centra así exclusivamente en la actuación del Estado argentino y en la interpretación de sus normas internas, un aspecto clave para la estrategia de defensa futura.
La demanda fue impulsada originalmente por las sociedades Petersen Energía y Petersen Inversora, junto con el fondo Eton Park. Tras la quiebra de las Petersen, los derechos de litigio fueron adquiridos por Burford Capital, un actor especializado en financiar este tipo de juicios.
Burford había comprado la causa por cerca de 15 millones de euros y ya había monetizado parte de su posición mediante la venta de participaciones. El fallo introduce ahora mayor incertidumbre en el resultado del litigio.
Impacto fiscal inmediato
El efecto más relevante es fiscal. La revocación deja sin efecto, por ahora, la obligación de enfrentar un pago inmediato por más de US$16.100 millones, una de las principales contingencias externas que enfrentaba Argentina.
Esto reduce la presión sobre las cuentas públicas del vecino país en el corto plazo, aunque el desenlace final del caso aún no está definido.
Todas las partes mantienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, abogados que siguen el caso estiman que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisarlo.
En ese escenario, la disputa continuará en tribunales inferiores bajo los nuevos lineamientos fijados por la corte de apelaciones.
