Cristián Shea y Vicente Pérez son los empresarios denunciados por la sociedad de la familia del fundador de AquaChile.
La controversia apunta a una millonaria transferencia entre sociedades vinculadas a los antiguos dueños de la empresa de residuos industriales.
Los querellantes afirman que pidieron los antecedentes que justificaban el desembolso, pero que el dinero se transfirió sin más explicaciones.
La venta de Hidronor abrió una disputa entre quienes hasta hace poco eran socios. La familia del empresario Víctor Hugo Puchi, fallecido en 2024, presentó una querella contra los fundadores de la gestora de fondos Equitas, Cristián Shea y Vicente Pérez, acusándolos de desviar $1.710 millones hacia una sociedad relacionada con ellos.
El dinero salió después de que los Puchi dieran el voto necesario para aprobar la operación, dice el escrito.
Hidronor, una de las principales empresas chilenas dedicadas al tratamiento de residuos industriales, y si bien la francesa Séché, dedicada al mismo rubro, mantuvo en reserva el precio que pagó por el 100% de la empresa chilena, las cifras incluidas en la querella permiten estimar que el valor total involucró uno US$173 millones.
Reinvent era dueña del 51% de Hidronor. A su vez, la familia Puchi tenía el 38,95% de Reinvent, mientras que fondos y sociedades vinculados a Equitas reunían el 61,05% restante.
Los números explican por qué el voto de la familia importaba tanto. La venta requería el respaldo de dos tercios de los accionistas y Equitas no llegaba a ese porcentaje por sí sola. Los Puchi aceptaron la operación, pero, según la querella, acordaron que Reinvent repartiría el dinero entre sus socios después de cubrir los gastos y las reservas correspondientes.
La llamada de noviembre
El 21 de noviembre de 2025, Shea llamó a Rodrigo Puchi para contarle que las negociaciones con Séché habían avanzado. Hasta entonces, sostiene la familia, había recibido comentarios informales, pero no los detalles del negocio.
Se reunieron el lunes siguiente. Rodrigo Puchi participó a distancia y Benjamín Irarrázaval, director designado por la sociedad familiar, asistió en persona. Ese mismo día les enviaron un acta de aprobación que ya llevaba las firmas de los demás accionistas. La venta terminó aprobada por unanimidad.
La disputa apareció el 7 de enero pasado, cuando una presentación a los accionistas incluyó un cobro equivalente al 2,25% del precio a favor de Celta. Según la querella, esa sociedad está controlada por Shea y Pérez, quienes también integraban el directorio de Reinvent. El cobro figuraba bajo el nombre de “Fee Transaccional”.
Rodrigo Puchi preguntó si había un contrato que respaldara el monto. Asegura que le respondieron que no y dejó la respuesta por escrito al firmar el acta: “me respondieron que no existía dicho documento”.
Reinvent ya mantenía un contrato con Celta por servicios de administración y le pagaba por ellos todos los meses. Ahora se proponía entregarle, además, una parte del dinero obtenido por Hidronor. Los Puchi comenzaron a pedir qué trabajo adicional había realizado y quién había autorizado el cobro.
«El pago se va a ejecutar»
Séché cerró la compra el 27 de enero. Dos días después, los accionistas supieron que Reinvent pagaría a Celta $1.710 millones más IVA. Equitas explicó, según la querella, que esta vez no había participado un banco de inversión y que personas ligadas a la gestora habían hecho un trabajo relevante para concretar la venta.
Los representantes de la familia objetaron el monto. En una constancia incorporada al acta, el director Ignacio Errazquin atribuyó a Shea una respuesta tajante: “el pago se va a ejecutar”. También señaló que el empresario había calificado de “mezquina” la posición de Patagonia Dos.
Durante febrero y marzo pasado, Errazquin y el también director Benjamín Irarrázaval solicitaron los antecedentes del cobro. Según la querella, Shea prometió entregar un “set completo” de documentos. La familia afirma que nunca los recibió.
En marzo, los directores constataron que Reinvent ya había registrado los $1.710 millones como una suma por pagar a Celta. Para el 13 de abril, cuando insistieron nuevamente en una sesión de directorio, Errazquin dejó constancia de que el pago se había realizado.
En esa reunión, según el escrito, apareció una referencia a un mandato comercial otorgado a Celta en 2019. Los querellantes sostienen que tampoco pudieron verlo.
Lo que comenzó como una venta acordada entre socios terminó en tribunales. La familia Puchi presentó el lunes una querella por apropiación indebida ante los juzgados de garantía de Santiago. La causa se encuentra en tramitación y el dinero que salió de Reinvent sigue siendo el centro de la disputa.
