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Los negocios y socios del exfiscal Vinko Fodich, detenido por secuestros extorsivos y lavado de activos

por RoadShow
9 de septiembre de 2026
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Su trayectoria empresarial comenzó con estudios jurídicos y se extendió hacia el transporte, el comercio, las inversiones inmobiliarias y una casa de cambios que movió miles de millones de pesos.

Entre sus principales socios aparecen el empresario chino Tao Jiang, vinculado a una extensa red de sociedades, y Luis Muñoz Morales, condenado por blanquear dinero del sistema colombiano “gota a gota”.

Siete semanas antes de su captura creó una inmobiliaria con su hijo Luka Fodich y aportó derechos sobre una residencia de Las Condes valorizados en casi $330 millones.

Vinko Fodich.
Vinko Fodich.

La mañana de este miércoles, un operativo de la Fiscalía Supraterritorial terminó con la detención de Vinko Fodich, antiguo persecutor del Ministerio Público y exautoridad del primer gobierno de Sebastián Piñera. La diligencia también alcanzó a tres funcionarios de la Policía de Investigaciones y forma parte de una causa reservada que indaga secuestros extorsivos, lavado de activos y otros delitos.

El nombre del abogado ya estaba bajo la lupa por su participación en una casa de cambios que registró depósitos en efectivo por $5.790 millones. Pero esa sociedad es solo parte de una trayectoria empresarial del exfiscal que comenzó con un estudio jurídicos, avanzó hacia el transporte y el comercio, y luego lo conectó con inversionistas chinos, un socio condenado por blanquear dinero y una inmobiliaria creada siete semanas antes de su captura.

Del Ministerio Público al mundo privado

Vinko Fodich ingresó al Ministerio Público en 2001. Primero trabajó en Curicó y posteriormente asumió como fiscal jefe de Ñuñoa, Providencia y La Reina, donde estuvo a cargo de investigaciones por delitos económicos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Tras dejar la fiscalía en 2010, pasó al gobierno de Sebastián Piñera. Fue jefe de la División de Seguridad Pública y ejerció como subsecretario subrogante de Prevención del Delito. Después regresó al ejercicio privado y comenzó a ampliar sus actividades empresariales.

En 2014 constituyó el estudio Fodich, Fuenzalida y Orellana Asociados junto con Gonzalo Fuenzalida y Claudia Orellana. La firma experimentó sucesivos cambios de socios y nombres hasta transformarse en Fodich, Andrés y Riquelme Abogados.

Ese mismo año ingresó a Comercializadora FL y Transportes ALF, ambas junto con los hermanos Luz María y Antonio Lupayante. En cada una tomó inicialmente el 34% de la propiedad.

El año 2015 vendió en $2,04 millones toda su participación en la comercializadora. En Transportes ALF, en cambio, conservó el 34% y quedó además a cargo de la administración de la empresa, dedicada al transporte urbano e interurbano de bienes.

A esos negocios se sumó Fodich Andrade Limitada, sociedad vinculada a una cuenta corriente del Banco Santander que posteriormente apareció entre los antecedentes examinados por la fiscalía en la investigación por lavado de activos.

En 2022 abrió un nuevo estudio con dos antiguos integrantes del Ministerio Público: Alejandro Peña, exfiscal regional metropolitano Sur, y José Villalobos, exfiscal de la zona Oriente. Los tres constituyeron Peña, Fodich y Villalobos Abogados, con participaciones prácticamente iguales y facultades individuales para administrar la firma.

El estudio también prestó servicios a Carabineros. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Fodich recibió cerca de $13 millones brutos por la defensa de funcionarios de la institución.

El salto hacia las operaciones financieras

El mayor cambio en sus negocios ocurrió en noviembre de 2020, cuando constituyó Change Panda, una casa de cambios con un capital inicial de $200 millones.

Tao Jiang y Luis Muñoz Morales aportaron $80 millones y se quedaron con el 40% cada uno de las acciones. Fodich ingresó con $40 millones y el 20% restante. Muñoz asumió como gerente general y quedó a cargo de la administración formal de la sociedad.

En 2022 la firma adoptó el nombre de E-Panda Financiero. Un año más tarde amplió considerablemente sus actividades: además de operar como casa de cambios, incorporó remesas, transferencias internacionales, leasing, inversiones, asesorías financieras, administración de fondos privados, custodia de valores, turismo y franquicias.

La empresa estuvo inscrita hasta junio de 2025 entre las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Sus cuentas registraron depósitos en efectivo por $5.790 millones. La investigación del Ministerio Público también detectó transferencias cruzadas por más de $4 mil millones entre una treintena de sociedades y personas vinculadas a la trama financiera.

Fodich sostuvo que la cifra atribuida a la casa de cambios contabilizaba varias veces el mismo dinero a medida que circulaba por distintas operaciones. También afirmó que no participaba en la administración, que nunca tuvo un contrato de trabajo y que no recibió remuneraciones de la empresa.

El socio condenado por el “gota a gota”

La historia empresarial de E-Panda adquirió otra dimensión en abril de 2026, cuando Luis Muñoz fue condenado por lavar dinero proveniente del sistema colombiano de préstamos informales conocido como “gota a gota”.

Entre mayo y noviembre de 2024, Muñoz realizó 58 compras de dólares en la casa de cambios por un total de $722 millones, equivalentes a unos US$755 mil. La mayoría de las operaciones alcanzó o superó los US$10 mil y posteriormente los fondos fueron convertidos en criptomonedas y enviados al extranjero.

La justicia lo condenó a 800 días y al pago de 80 unidades tributarias mensuales. La pena de cárcel fue sustituida por una remisión condicional durante el mismo periodo.

Muñoz también ha participado en otras empresas. Entre ellas figuran SARTALAM, dedicada a inversiones y negocios inmobiliarios; Bull, vinculada a servicios empresariales; Eco Vita, orientada a centros de atención telefónica, y Xisumu Group Chile, creada para desarrollar comercio electrónico e importaciones junto con la empresaria Pía Suárez y el ciudadano chino Xiangyang Guan.

Esta última fue disuelta en septiembre de 2025. En el cierre de la sociedad se declaró que nunca inició actividades ni adquirió bienes.

Tao Jiang y sus conexiones comerciales

El otro socio principal de la casa de cambios, Tao Jiang, aparece vinculado a una red empresarial que abarca comercio, ferretería, juegos, importaciones y tecnología financiera.

Entre sus sociedades figuran Comercializadora Nueva Vida, Juegos Tao, Daluco y ALIF. En abril de 2025 creó además Blockswift Management Chile, empresa concebida para prestar servicios regulados por la Ley Fintech, entre ellos custodia, intermediación y transacción de instrumentos financieros.

La firma se presenta comercialmente como una plataforma relacionada con activos digitales y criptomonedas. Su creación extendió los negocios de Jiang desde el comercio tradicional hacia el mercado financiero tecnológico.

El empresario también aparece asociado a sociedades constituidas en Argentina, entre ellas Dalucoshop y Finox Global, ambas relacionadas con actividades comerciales y financieras.

Los vínculos de Fodich con empresarios chinos, sin embargo, no se limitaron a Tao Jiang. Como abogado representó a Haiwei Xu, investigado en causas por contrabando, falsificación de productos, casinos clandestinos y el secuestro de un trabajador. La mayoría de esas investigaciones terminó sin condenas.

También defendió a dos ciudadanos chinos indagados por facilitar cuentas bancarias y entregar dinero en efectivo a un hombre vinculado por la fiscalía con una organización albanesa. De acuerdo con la investigación, cerca de $70 millones habrían sido utilizados para financiar el envío de cien kilos de cocaína desde San Antonio a Róterdam.

Entre sus clientes apareció además Luis Villa, el empresario que reconoció haber ofrecido a la senadora Camila Flores financiamiento proveniente de inversionistas chinos. Posteriormente, Fodich representó al dueño de una imprenta que demandó a la parlamentaria por servicios prestados durante su campaña.

Miguel Ángel Orellana, fiscal supraterritorial.
Miguel Ángel Orellana, fiscal supraterritorial.

La inmobiliaria creada con su hijo

El último movimiento empresarial conocido de Fodich ocurrió el 20 de julio de 2026, apenas siete semanas antes de su detención.

Ese día constituyó Inmobiliaria e Inversiones Fodich y Castro junto con su hijo Luka Fodich. La sociedad quedó con un capital de casi $333 ,illones y amplias facultades para comprar, vender, arrendar y administrar propiedades, invertir en otras compañías y operar con valores mobiliarios.

El exfiscal aportó $329 millones mediante la entrega del 50% de los derechos sobre una propiedad ubicada en Camino El Algarrobo, en Las Condes. Su hijo comprometió otros $3,3 millones, con un plazo de cinco años para completar el aporte.

Fodich concentró así cerca del 99% del capital y asumió personalmente la administración de la empresa.

Dos choques antes de la detención

La trayectoria empresarial del exfiscal avanzó en paralelo a dos episodios por conducción en estado de ebriedad que terminaron reunidos en una misma causa.

El primero ocurrió en octubre de 2023. Fodich perdió el control de una Chevrolet Captiva en Las Condes y chocó un vehículo estacionado, provocando daños calculados en $4 millones. La alcoholemia arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ocho meses después condujo un Audi contra el tránsito por Providencia y colisionó un automóvil en el que viajaban una mujer y su nieta. La niña sufrió lesiones graves en un brazo, mientras el vehículo fue declarado con pérdida total. En esa oportunidad, la alcoholemia llegó a 1,98 gramos por litro.

En mayo de 2025 fue condenado a 41 días de prisión por el primer hecho y a otros 200 días por el segundo. Las penas de cárcel fueron reemplazadas por un año de remisión condicional, además de la suspensión de su licencia de conducir.

El cumplimiento de esa sanción fue certificado en mayo de 2026. Cuatro meses después, Fodich volvió a quedar privado de libertad, esta vez en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial que lo sitúa junto con tres funcionarios de la PDI y operadores financieros (entre ellos un primo del excandidato presidencial Franco Parisi) en una causa por secuestros extorsivos, lavado de activos y otros delitos.

La pesquisa permanece reservada. Su red empresarial, en cambio, quedó expuesta: estudios jurídicos, empresas de transporte y comercio, una casa de cambios que recibió miles de millones de pesos en efectivo y una inmobiliaria familiar constituida pocas semanas antes de su captura.

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