Los trabajadores reclamaban una compensación de $5 millones por afiliado, fuera de la negociación colectiva, ante la reducción de sus bonos de producción.
La empresa sostiene que había pagado lo que correspondía según el contrato colectivo vigente y rechazó entregar un monto adicional.
Los dirigentes atribuyeron las movilizaciones a más de un año de solicitudes sin respuestas oportunas.
Los bonos de producción bajaron y el Sindicato N°1 de Trabajadores, presidido por Ronald Salcedo, pidió una compensación de $5 millones por afiliado. Minera Spence, de BHP, rechazó la exigencia y, después de dos paralizaciones, demandó a la organización: reclama $8.450 millones por los ingresos que asegura haber perdido cuando cientos de operadores y mantenedores dejaron de trabajar.
No había una negociación colectiva en curso. Según la demanda, los dirigentes exigieron el pago extraordinario ante la reducción de los incentivos de producción de 2026 y los resultados positivos de la minera. Spence respondió que ya había pagado los bonos que correspondían según el contrato colectivo y que la compensación solicitada no estaba pactada.
“El objetivo central del Sindicato fue ejercer una medida con el propósito de presionar a Spence para que pagara un bono extraordinario”, afirma la empresa en su demanda. Acusa a la organización de convocar y dirigir ambas movilizaciones, pese a sus advertencias de que estaban al margen de la ley.
Según la minera, las detenciones le impidieron producir y vender 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno, que valoriza en US$8,58 millones. Con ese cálculo presentó la semana pasada su demanda ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta. Busca que el sindicato pague esa suma, equivalente a unos $8.450 millones, más reajustes e intereses.
La reunión del quiebre
El reclamo había llegado a la gerencia el 5 de mayo. Entre las peticiones que los dirigentes plantearon ese día figuraba la compensación, que calificaron de “intransable”. El 29 de mayo insistieron por carta en obtener una respuesta formal.
En esa comunicación, reproducida parcialmente en la demanda, el sindicato describió su exigencia como una “petición de participación del ganancial que colaboramos en generar para la empresa”.
El 30 de junio, la discusión llegó a un punto decisivo. El sindicato reunió en el Casino Pioneros a los trabajadores que comenzaban el turno nocturno y a quienes terminaban el diurno. Mientras tanto, Salcedo y el tesorero de la organización, Ronald Aguirre, conversaban con representantes de la empresa. Allí recibieron la negativa al pago adicional.
De acuerdo con el relato de Spence, tras esa respuesta comenzó una huelga de brazos caídos. Los trabajadores permanecieron en sus habitaciones o en el casino en vez de acudir a sus puestos. La primera paralización se extendió desde las 20 horas del 30 de junio hasta la misma hora del día siguiente.
La presión y las cartas
La minera contabilizó 413 inasistencias entre los dos turnos afectados. Había anticipado la posibilidad de una paralización y llevó un notario a la faena para registrar lo que ocurriera. Según los antecedentes que cita, durante la noche solo siete de 34 camiones estaban en marcha; a la mañana siguiente quedaban tres operativos.
La tarde del 1 de julio, Spence exigió que los trabajadores retomaran sus labores. El sindicato respondió que, ante la falta de una solución adecuada, “decide soberanamente las acciones que mejor representen y resguarden los derechos de la organización y sus afiliados”.
El intercambio continuó después del regreso al trabajo. La empresa insistió en retomar el diálogo. Los dirigentes respondieron el 6 de julio que lo ocurrido era consecuencia de “más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes planteadas por nuestra organización sindical” que no habían encontrado respuestas oportunas y adecuadas.
En esa carta, el sindicato defendió su autonomía y sostuvo que actuaba para proteger los derechos de sus afiliados. También aludió a incumplimientos e infracciones previamente denunciados. La compañía afirma que los dirigentes no precisaron cuáles eran ni cómo justificaban la interrupción de las labores.
De 33 camiones a nueve
La segunda movilización comenzó el 7 de julio. Según la demanda, la dirigente Gabriela Rivas convocó a una reunión urgente para las 19:30 horas en el Casino Pioneros, nuevamente con trabajadores de ambos turnos, para comunicar la respuesta de la gerencia a sus requerimientos.
En tres horas, los camiones en marcha pasaron de 33 a nueve. A las 18 horas, el sistema de monitoreo también mostraba seis palas y 26 equipos de apoyo funcionando. A las 21 horas quedaban dos palas y un equipo de apoyo en actividad, de acuerdo con los registros que la empresa encargó verificar al notario.
Spence contó 150 inasistencias el 7 de julio y otras 200 al día siguiente. Según la compañía, la protesta terminó a las ocho de la mañana del 9. Los equipos de emergencia y prevención siguieron operativos.
Durante la mañana del 8 de julio, el sindicato comunicó su disposición a que la empresa destinara los trabajadores necesarios al resguardo de la operación, “tal cual ocurrió la semana pasada”, según un correo citado en el escrito. La minera recurrió a personal interno y empresas contratistas para mantener los procesos críticos, con horas extraordinarias, traslados y alojamiento.
La cuenta del cobre
Esos gastos de contingencia quedaron fuera del cobro. Los $8.450 millones corresponden exclusivamente a los ingresos que Spence sostiene que dejó de recibir por la producción perdida. Del cobre, 400 toneladas correspondían a cátodos y otras 167 estaban contenidas en concentrado.
La demanda describe interrupciones en el apilamiento de material y en el área de ripios. La menor actividad de las máquinas provocó una acumulación que después debió retirarse mediante camiones.
Para calcular el monto, la empresa utilizó sus precios de venta de julio de 2026: US$6,75 por libra de cobre y US$73.272 por tonelada de molibdeno. Así llegó a US$8,43 millones por el cobre y unos US$146.500 por el molibdeno. “Estas toneladas no fueron producidas y, por lo tanto, no pudieron ser vendidas”, sostiene.
El tribunal dio curso a la demanda el 8 de octubre y ordenó notificar al sindicato. El expediente revisado, obtenido el 15 de octubre, no contiene una respuesta de la organización a la demanda.
