El verdadero costo del temporal no son los puentes caídos, sino los US$800 millones en agua que se fugaron directo al océano. Culpar al clima por esta pérdida es una excusa cómoda que oculta una falla sistémica: Chile sigue tratando las crecidas como un desastre que se padece y no como un recurso que se cosecha.
Mientras obras como el Embalse Las Palmas, ubicado en Petorca, en la Región de Valparaíso, sigan paralizadas por la burocracia, la abundancia invernal seguirá siendo solo una ilusión que se diluye en el mar.
El caso de ese embalse ilustra con nitidez las fallas estructurales que limitan la resiliencia hídrica de Chile. La obra, diseñada para almacenar 55 millones de metros cúbicos (m³) y con una inversión de US$158 millones, se encuentra paralizada, con un escaso 17% de avance, debido a errores de rediseño e inconsistencias en las proyecciones hidrológicas de la concesión.
Esta inoperatividad impidió capturar las intensas escorrentías generadas por el reciente temporal en la Región de Valparaíso, vertiendo al océano un volumen equivalente al llenado completo del embalse —entre 30 y 60 millones de m³—. La imposibilidad de retener esta agua representa una pérdida patrimonial directa de hasta US$19 millones en valor agrícola y sanitario para una de las zonas más azotadas por la megasequía.
El colapso operativo en Petorca demuestra que la falta de ejecución no solo encarece los costos fiscales de la reconstrucción, sino que condena al país a un costo de oportunidad sistemático: el agua que se pierde por fallas de gestión equivale a haber amortizado más del 10% de la obra en un solo evento invernal.
Daños inmediatos versus una inédita reserva hídrica
El reciente evento meteorológico ha dejado al desnudo la fragilidad de nuestra estrategia frente a fenómenos extremos: mientras la reconstrucción escala a US$725 millones en infraestructura, vivienda y sectores productivos, el país solo logra capturar un capital natural hídrico valorado en US$780 millones entre reservas embalsadas y recarga de acuíferos. Esta cifra representa apenas una fracción de lo que Chile podría acumular si contara con la infraestructura adecuada.
Cada metro cúbico que se escurre inútilmente hacia el mar constituye un desperdicio patrimonial directo de hasta US$0,35 por m³ en capacidad productiva, sanitaria e hidroeléctrica no aprovechada.
La resiliencia y el almacenamiento ya no son discusiones de largo plazo, sino la única barrera para evitar que cada invierno de abundancia sea una oportunidad perdida.
Factura de corto plazo versus solvencia futura
La destrucción física del último temporal, superior a los US$700 millones, se concentra principalmente en infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas y servicios básicos (US$405 millones). Le siguen el sector de la vivienda (US$195 millones), el agrícola, por anegamientos y embancamiento de canalería (US$75 millones), y las pérdidas en turismo, comercio y minería (US$50 millones).
A nivel macroeconómico, el evento no configura un shock sistémico —representa menos del 0,2% del PIB—, pero genera una fricción puntual en la actividad del trimestre, con sesgo a la baja en el Imacec de julio, presiones inflacionarias de corto plazo y tensiones fiscales que obligarán a reasignar presupuestos y postergar licitaciones.
Sin embargo, la otra cara de la moneda revela una recarga hídrica histórica valorada en US$780 millones, que entrega solidez estratégica para los próximos dos a cinco años.
El agua superficial embalsada, valorada en US$400 millones, aporta US$300 millones en certeza de riego para la agricultura, US$85 millones en respaldo para el abastecimiento urbano y US$14 millones en generación hidroeléctrica, lo que alivia los costos marginales en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La recarga de acuíferos subterráneos, valorada en US$380 millones en promedio, genera ahorros de entre US$30 millones y US$50 millones por el menor costo de bombeo al elevar la napa, aporta más de US$200 millones en productividad agrícola estival y representa hasta US$150 millones en almacenamiento natural sin costo fiscal.
El desafío operativo
En términos patrimoniales netos, el valor del recurso hídrico acumulado supera el costo de los estragos físicos y deja un saldo positivo cercano a los US$80 millones. Se trata de un shock de liquidez de corto plazo que se traduce en una inyección de solvencia productiva para el mediano plazo.
No obstante, esta riqueza teórica no se consolidará automáticamente. El gran cuello de botella para la próxima temporada será la celeridad con que el Estado y los regantes logren despejar canales y reparar las bocatomas destruidas antes del inicio del riego primaveral.
Por Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers.
Más análisis y opinión en RoadShow:
