El regulador aplicó una censura a la administradora de fondos privados por retrasar la entrega del reporte correspondiente a junio de 2025.
La firma admitió su responsabilidad y atribuyó el incumplimiento a problemas con el sistema SEIL y a una reestructuración interna.
La Fiscalía solicita prisión preventiva para cinco de los once imputados, mientras el tribunal prevé resolver las medidas cautelares la próxima semana.
La larga lista de sanciones que arrastra el grupo Sartor sumó este miércoles un nuevo capítulo. La CMF censuró a su administradora de fondos privados por retrasar información financiera de junio de 2025, justo cuando la justicia revisa las graves acusaciones penales contra quienes encabezaron el conglomerado.
La medida recayó sobre Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados S.A., entidad distinta de Sartor Administradora General de Fondos, aunque ambas pertenecían al mismo grupo financiero.
La sociedad debía entregar información trimestral sobre los fondos privados bajo su administración, incluidos sus partícipes y el valor de sus activos y pasivos. Sin embargo, no presentó dentro del plazo establecido el reporte correspondiente a junio de 2025.
De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, Sartor reconoció el incumplimiento y lo atribuyó a problemas técnicos con el sistema SEIL y a una reestructuración interna. La CMF le aplicó una censura, equivalente a una amonestación administrativa formal y sin multa.
La decisión forma parte de la Resolución Exenta N.º 7.873, que también alcanzó a otras seis administradoras de fondos privados. Cinco recibieron multas de entre 90 UF —unos $3,7 millones— y 210 UF —cerca de $8,6 millones—, mientras Sartor y Kapture Capital fueron sancionadas únicamente con censura.
Fiscalía pide prisión preventiva
En paralelo, el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago continúa la formalización de once personas ligadas al conglomerado.
Después de tres jornadas dedicadas a exponer los cargos y fundamentar las medidas cautelares, comenzó la intervención de los querellantes. Entre ellos figuran las administradoras encargadas de liquidar los fondos, Credicorp Capital y distintos grupos de aportantes que buscan recuperar sus inversiones.
Uno de los abogados aseguró representar a 22 afectados, la mayoría de entre 70 y 90 años, cuyos aportes sumaban $3.750 millones. Otro grupo expuso la situación de 43 inversionistas, mientras Credicorp relató un perjuicio cercano a US$45 millones en los fondos Sartor Táctico Perú y Sartor Facturas USD.
La Fiscalía sostiene que parte de los recursos captados fue utilizada para financiar sociedades vinculadas a socios, directores y personas relacionadas con Sartor. La causa incluye imputaciones por administración desleal, estafa, apropiación indebida, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, entre otros delitos. Su aplicación varía según cada imputado.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva para Carlos y Pedro Pablo Larraín, Rodrigo Bustamante, Michael Clark y Sergio Yáñez. Las defensas todavía deben presentar sus argumentos y luego vendrá la etapa de réplicas, por lo que el tribunal anticipó que resolverá las medidas cautelares durante la próxima semana.
Las sanciones que ya pesaban sobre el grupo
La censura conocida este miércoles es menor frente a las decisiones adoptadas anteriormente por la CMF contra la principal administradora de Sartor y quienes la dirigieron.
En diciembre de 2024, el organismo revocó la autorización de existencia de Sartor AGF, dispuso su liquidación y designó un liquidador. La CMF fundamentó la medida en inversiones efectuadas con recursos de fondos públicos en sociedades relacionadas con directores y accionistas de la gestora.
Casi un año después, en noviembre de 2025, la Comisión cerró un procedimiento sancionatorio con multas contra ocho exdirectivos y ejecutivos. Los castigos sumaron inicialmente 367.500 UF, unos $14.570 millones de la época.
La mayor multa recayó sobre Pedro Pablo Larraín, con 80.000 UF —aproximadamente $3.170 millones—. Le siguieron Alfredo Harz, con 75.000 UF —unos $2.973 millones—, y Michael Clark, con 65.000 UF —cerca de $2.577 millones—.
Al resolver los recursos de reposición en diciembre de 2025, la CMF rebajó los montos aplicados a Harz, Mauro Valdés y Juan Carlos Jorquera. El total disminuyó a 337.500 UF, cerca de $13.400 millones en ese momento, pero mantuvo en sede administrativa las inhabilidades por cinco años impuestas a siete de los ocho sancionados.
La Comisión también remitió sus antecedentes al Ministerio Público, que los incorporó a una investigación nutrida además por querellas de aportantes, liquidadores y otras partes afectadas. Esa causa mantiene ahora a los principales rostros del antiguo grupo financiero frente al tribunal.
Los efectos del caso Sartor en RoadShow:
- 192 aportantes y la matriz de Sartor llevan a la CMF a tribunales para impedir liquidación de fondos
