Esteban Ramírez será formalizado mañana, después de no comparecer a la audiencia fijada para el 16 de septiembre.
La Fiscalía calcula un perjuicio de $6.900 millones, mientras la familia Baeza valora en más de $11.000 millones la participación disputada en la propiedad.
La querella sostiene que el 37,5% del predio pasó por sociedades vinculadas a los abogados Rodrigo y María Paz Nash antes de terminar bajo el control del ejecutivo de la constructora.
La disputa por un terreno de diez hectáreas en Renca, que la familia Baeza valora en $30.000 millones, ya produjo su primera detención. Esteban Ramírez, uno de los imputados por estafa, fue capturado en Temuco tras faltar a su audiencia de formalización.
La Fiscalía lo acusa de utilizar el poder que le entregó Margarita Baeza, entonces de 83 años, para quedarse con su participación en la propiedad y causarle un millonario perjuicio. En la misma causa también figuran como imputados el gerente general de Ingevec y dos abogados inmobiliarios.
La detención fue confirmada por Miguel Morales, abogado de la familia Baeza.
Ramírez debía presentarse el 16 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, pero no llegó. El tribunal ordenó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones detenerlo y conducirlo ante el juez. Cinco días después fue ubicado en Temuco y quedó bajo custodia hasta la nueva audiencia, programada para este martes a las 11:00 horas mediante videoconferencia.
La Fiscalía lo formalizará por estafa y le atribuirá un perjuicio provisional de $6.900 millones.
El poder y las sociedades
La historia comenzó en mayo de 2021. Según la Fiscalía, Ramírez obtuvo de Margarita Baeza un amplio poder para administrar y disponer de sus bienes, después de presentárselo como un trámite sencillo y ocultar su verdadero alcance. La mujer mostraba signos de demencia y actualmente se encuentra bajo interdicción.
La querella ampliada plantea una acusación adicional. Un informe grafoscópico presentado por la familia sostiene que la firma estampada en ese poder no corresponde a Margarita Baeza. El análisis fue realizado sobre reproducciones digitales y la propia acción solicita que sus conclusiones sean comprobadas mediante el examen de los documentos originales.
Con el mandato, sostiene el Ministerio Público, Ramírez creó dos sociedades en 2022 y se designó como administrador. La segunda, Ramírez Baeza II SpA, recibió el 37,5% que Margarita mantenía sobre Chacra La Aurora, un paño situado cerca de la futura estación Brasil de la Línea 7 del Metro.
La Fiscalía acusa que Ramírez también celebró un préstamo por $2.000 millones, sin intereses y con una cláusula que extinguía la deuda si Margarita fallecía. Luego utilizó ese crédito para pagar las acciones de la sociedad que contenía los derechos sobre el predio. En ambas partes de la operación actuó él mismo: como representante de Baeza y como comprador.
El Ministerio Público estima que la maniobra causó un perjuicio de $6.900 millones. Los abogados de la familia elevan a más de $11.000 millones el valor actual de la participación y calculan que la propiedad completa alcanza los $30.000 millones.
“La magnitud de esta diferencia y las actuaciones que rodearon la operación permiten sostener que quienes participaron en ella no actuaron de buena fe”, afirmó Morales, abogado de la familia Baeza.
De los Nash a González
Los derechos cambiaron nuevamente de manos. La querella sostiene que en febrero de 2026 Inversiones Cristóbal, sociedad vinculada a los abogados Rodrigo Nash y María Paz Nash, adquirió las acciones de Ramírez Baeza II mientras se discutía la restitución del patrimonio a Margarita. El escrito no precisa cuánto se pagó por esas acciones.
Cuatro meses después, Ramírez Baeza II transfirió el 37,5% del predio a Sociedad de Inversiones Renca por 44.950 unidades de fomento, equivalentes entonces a unos $1.834 millones. Solo una parte se pagó al contado y el resto quedó diferido o condicionado a una futura división o venta de la propiedad.
Sociedad de Inversiones Renca había sido constituida quince días antes. La empresa pertenece a Inversiones 3 GT, cuyo único accionista es Rodrigo González Yutronic, gerente general corporativo de Ingevec.
La querella presentada en agosto acusa a Ramírez, González y los dos abogados de falsificación de instrumento público, asociación ilícita y lavado de activos. El tribunal acogió la acción a trámite y los cuatro aparecen como imputados. La formalización de este martes, sin embargo, se dirige únicamente contra Ramírez y por estafa.
«Esperamos que la investigación demuestre la participación concertada de los imputados Rodrigo González Yutronic, Rodrigo Nash Lavín y María Paz Nash Morales en el despojo patrimonial que afectó a la familia Baeza”, sostuvo el abogado de la familia Baeza.
Las versiones enfrentadas
Rodrigo Nash ha rechazado las acusaciones. Sostiene que Iván Baeza reconoció anteriormente a Ramírez Baeza II como titular de los derechos y que el precio consideró las contingencias civiles, contables y tributarias de la sociedad.
Rodrigo González también negó las imputaciones y afirmó que ingresó como inversionista después de encargar estudios legales independientes, cuyos resultados concluyeron que la cadena de dominio y los mandatos eran válidos.
Este martes la Fiscalía comunicará formalmente los cargos contra Ramírez y el tribunal resolverá bajo qué condiciones enfrentará la investigación.
