La familia Duch acusa al gerente general Josip Sekul de destinar $1.247 millones a abogados y financistas, casi dos tercios de los recursos que recibió efectivamente la compañía.
Nacida en 1974, la histórica contratista minera es la firma chilena detrás del consorcio Belaz-Movitec, beneficiado por los controvertidos fallos de la Corte Suprema que dieron origen a la trama bielorrusa.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió la acción y la remitió al Ministerio Público. La Fiscalía deberá investigar ahora la ruta seguida por el dinero.
Movitec, una de las contratistas históricas de la gran minería chilena, recibió $2.000 millones para cerrar una disputa con Minera Spence. Hoy, ese dinero está en el centro de una querella presentada por Jaime Duch Higginson, fundador y cabeza del bloque familiar dueño de la mitad de la compañía, contra Josip Sekul Camus, integrante del otro grupo propietario y gerente general de la empresa.
La acusación sostiene que $1.247 millones terminaron en manos de abogados y de un fondo que financió el litigio. La cifra representa casi dos tercios de los $1.900 millones que Movitec recibió efectivamente, después de que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago retuviera otros $100 millones para una eventual multa.
La querella por administración desleal fue presentada el 15 de septiembre por Jaime Duch y las sociedades familiares Inversiones Las Galegas e Inversiones Doña Joaquina. Dos días después, los juzgados de garantía de Santiago la declararon admisible y remitieron los antecedentes al Ministerio Público.
El caso abre una nueva crisis en una empresa golpeada por la trama bielorrusa (que involucró, entre otros, a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco), la pérdida de dos grandes contratos (con Codelco, por el Proyecto Rajo Inca, y con Spence) y numerosas demandas de cobro.
Dos familias y una empresa
Movitec nació en 1974, cuando Jaime Duch Higginson y Luis Sekul Raquela compraron dos máquinas y comenzaron a prestar servicios de extracción y movimiento de tierra en Antofagasta. Con los años, la empresa amplió sus actividades hacia la perforación, tronadura, construcción de caminos y apoyo a grandes operaciones mineras.
La compañía trabajó para Escondida, Collahuasi y Codelco. También extendió sus negocios a la agricultura, la construcción y el sector inmobiliario. Duch y Sekul dividieron la propiedad en partes iguales y, en 2000, transformaron la firma en una sociedad anónima cerrada e incorporaron progresivamente a sus hijos.
El equilibrio comenzó a romperse con el deterioro de la salud de los fundadores. Luis Sekul murió en 2022 y sus hijos Josip y Serjan asumieron un papel creciente en la administración. Jaime Duch continuó como presidente del directorio, mientras su familia conservó, directamente y mediante sus sociedades, el 50% de las acciones.
Josip Sekul, hijo del fallecido cofundador, asumió como gerente general “interino” en julio de 2023. Según la querella, desde entonces ha continuado ejerciendo el cargo y, junto a su hermano Serjan, habría marginado a la familia Duch de las decisiones y restringido su acceso a información contable, financiera, bancaria y contractual.
La presentación también los acusa de entorpecer sesiones del directorio y no responder los requerimientos del fundador para conocer la situación de la empresa. La disputa terminó primero en una solicitud judicial de exhibición de documentos y ahora escaló al terreno penal.
De un millonario contrato al escándalo
El primer gran quiebre ocurrió en el norte. En 2019, Movitec se asoció con Belaz, fabricante estatal bielorruso de grandes camiones mineros. La alianza dio origen al Consorcio Belaz-Movitec (CBM), que en 2021 se adjudicó un contrato por más de US$200 millones para ejecutar movimientos de tierra y construir caminos en Rajo Inca, proyecto de Codelco destinado a prolongar la vida de la División Salvador.
Era el mayor negocio en la historia de Movitec. La compañía chilena puso cerca de 90 máquinas y Belaz aportó otras 12. El consorcio llegó a emplear a casi 800 trabajadores, pero el proyecto comenzó a acumular retrasos y problemas de seguridad.
En julio de 2022 murió un trabajador tras desbarrancarse mientras conducía un camión. Meses después, Codelco sostuvo que las obras debían presentar un avance de 81%, pero sólo habían alcanzado 33%. La estatal terminó anticipadamente el contrato en febrero de 2023 y cobró las garantías.
El Consorcio Belaz-Movitec respondió con recursos judiciales y un arbitraje. La ofensiva llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que ordenó a Codelco devolver equipos y liberar fondos. La estatal terminó pagando más de $17.000 millones a CBM mediante una tramitación que luego quedó bajo la lupa del Ministerio Público.
La investigación apunta a que abogados del consorcio habrían pagado sobornos para obtener decisiones favorables de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Josip y Serjan Sekul declararon ante la Fiscalía que desconocían esos supuestos pagos.
La trama bielorrusa dejó a Movitec en el centro de uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años. En paralelo, el Consorcio Belaz-Movitec enfrenta una liquidación forzosa ante la justicia civil, en medio de millonarias deudas reclamadas por sus acreedores.
El segundo golpe
Mientras el conflicto con Codelco se transformaba en una investigación penal, Movitec sufrió otro revés. En marzo de 2024, Minera Spence, controlada por BHP, puso término anticipado a un contrato con la empresa por supuestos incumplimientos.
La ruptura abrió un nuevo arbitraje. Para enfrentar ese litigio, Josip Sekul contrató en junio de 2024 a Del Río Ahumada Abogados y a TOMI SpA, ambas representadas por el jurista Humberto del Río Herane.
El convenio estableció un honorario fijo, pagadero cualquiera fuera el resultado, de $936,5 millones. A eso sumó un premio de éxito de 35% sobre todo lo que Movitec recibiera, ahorrara o dejara de pagar como consecuencia del litigio con Spence.
La familia Duch califica esas condiciones como “exorbitantes e irracionales”. Su principal cuestionamiento es que Josip Sekul habría celebrado el contrato sin llevarlo al directorio, pese a que el pacto de accionistas exigía la aprobación de representantes de ambas familias para cualquier operación superior a 1.000 unidades de fomento.
Los pagos cuestionados
El arbitraje con Spence terminó mediante un avenimiento por $2.000 millones. Tras una retención efectuada por el Centro de Arbitrajes, los restantes $1.900 millones habrían ingresado en una cuenta de TOMI SpA, una de las sociedades vinculadas al abogado Humberto del Río.
La familia Duch asegura que sólo conoció el acuerdo después de exigir reiteradamente los documentos. Según la querella, Josip Sekul se limitó a informar que todo el dinero había sido utilizado para pagar gastos y deudas.
Los antecedentes entregados posteriormente identificaron tres grandes desembolsos. Las sociedades vinculadas a Del Río habrían recibido $600 millones; el estudio Abogabir Miranda, que también intervino en el arbitraje, otros $137 millones; y dos fondos de inversiones de Qanlex, que financiaron el litigio, $510,2 millones.
Los pagos cuestionados suman $1.247 millones. El escrito, sin embargo, no detalla el destino de los restantes $652,8 millones, pese a que la administración habría informado que la totalidad de los recursos ya había sido utilizada.
La querella describe estas operaciones como un “verdadero despojo de las escuálidas arcas de Movitec”, empresa que en ese momento enfrentaba una severa crisis financiera.
El negocio de financiar el juicio
La operación con Qanlex ocupa una parte central de la acusación. Según una rendición proporcionada por la administración, los fondos habrían aportado US$345 mil para financiar el arbitraje y fueron depositados en cuentas de sociedades de los abogados.
De esa suma, US$150 mil habrían sido descontados inmediatamente para pagar honorarios. Pese a ello, según los antecedentes citados en la querella, Movitec habría desembolsado algo más de US$562 mil (unos $510 millones) a Qanlex.
Los querellantes sostienen que no han recibido todos los documentos necesarios para comprobar cuánto dinero se entregó realmente, cómo se utilizó ni sobre qué base se calculó ese pago final.
También cuestionan una transacción celebrada en octubre de 2025 con las sociedades vinculadas a Humberto del Río, mediante la cual se habría acordado el pago de $600 millones. A ese desembolso se sumaron otros $137 millones entregados a Abogabir Miranda.
La transacción no fue firmada directamente por Josip Sekul, sino por Francisco Martínez Guerra, quien recibió un poder especial del gerente general. Según la familia Duch, esa delegación estaba expresamente prohibida por el pacto de accionistas.
La ruptura definitiva
La pelea ya no se limita al destino del dinero. La familia Duch obtuvo una medida para instalar un interventor judicial y presentó una demanda arbitral que busca la disolución y liquidación de Movitec, además de una indemnización.
En paralelo, la querella solicita revisar las cuentas bancarias de Josip y Serjan Sekul, examinar los movimientos de sus sociedades, citar a Humberto del Río y realizar una pericia contable para reconstruir la ruta completa de los fondos recibidos desde Spence.
La acción fue dirigida contra Josip Sekul y contra quienes resulten responsables. También pide determinar si el paso del dinero por sociedades de abogados y las posteriores transferencias podrían configurar lavado de activos, una hipótesis que deberá investigar el Ministerio Público.
Ahora, queda en manos de la Fiscalía una acusación que terminó por romper una sociedad nacida hace más de medio siglo y que en los últimos años ha estado envuelta en escándalos.
