La nueva ofensiva apunta a la cesión de 40,9 millones de derechos para comprar acciones de Empresas Hites por un precio total de $1. La querellante los valora entre $1.597 millones y $1.924 millones.
Los derechos quedaron en manos de Inversiones Bandera, una sociedad creada dos meses antes por dos abogados y cuyo beneficiario final ahora se busca identificar.
El tribunal tuvo por ampliada la querella y remitió los antecedentes a la Fiscalía. La defensa de Marcos Hites sostiene que se intenta transformar una disputa hereditaria en un caso penal.
Un peso. Ese fue el precio total informado por la cesión de 40.944.053 derechos para comprar acciones de Empresas Hites, una operación que ahora quedó en el centro de la batalla entre los herederos del fundador de la multitienda.
Andrea Hites Palombo amplió la querella presentada en 2025 contra su hermano Marcos Hites Palombo y agregó una acusación por lavado de activos. El nuevo escrito sostiene que la transacción habría permitido trasladar un activo valorado en más de $1.500 millones a una sociedad creada pocas semanas antes, sin que hasta ahora se conozca públicamente quién terminó controlándolo.
La presentación fue ingresada el 11 de septiembre ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Tres días después, el tribunal tuvo por ampliada la querella y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
La resolución no acredita la existencia de un delito ni significa que Marcos Hites haya sido formalizado. La Fiscalía deberá reconstruir la operación y establecer el destino final de la inversión.
Una sociedad creada dos meses antes
El nuevo episodio nació del aumento de capital por casi $20.000 millones aprobado por Empresas Hites en enero de 2025. La compañía emitió 317,4 millones de acciones a un precio de $63 cada una y entregó a sus antiguos accionistas derechos preferentes para que pudieran mantener su participación.
Inversiones Niágara, vinculada a la rama de Isaac Hites, utilizó sus derechos y desembolsó cerca de $6.334 millones. Inversiones Paluma Uno, ligada a la familia de Marcos Hites, siguió otro camino.
El 12 de mayo de 2025, Paluma transfirió sus opciones a Inversiones Bandera SpA, con la intervención de BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa.
Bandera había sido constituida el 13 de marzo de ese año por los abogados Arturo Poblete Castro y Tomás Poblete Castro. La sociedad nació con un capital nominal de $3.100 millones, dividido en acciones de distintas series, aunque inicialmente solo figuraban $2.000 suscritos y pagados.
Su creación ocurrió después de que los accionistas de Empresas Hites aprobaran el aumento de capital y antes de que comenzara el período para adquirir los nuevos títulos. Esa secuencia es uno de los principales antecedentes utilizados por Pamela Hites para pedir que se investigue la transacción.
Derechos valorados en hasta $1.924 millones
Cada opción entregaba la posibilidad de adquirir una acción de Empresas Hites a $63. En esos días, el título se negociaba en la Bolsa de Santiago entre $102 y $110, según los antecedentes incorporados en la querella.
A partir de esa diferencia, Pamela Hites estima que los derechos transferidos tenían un valor económico de entre $1.597 millones y $1.924 millones. El cálculo es preliminar y deberá ser revisado mediante una tasación financiera.
Utilizarlos habría requerido, además, un desembolso aproximado de $2.579 millones para pagar las nuevas acciones. La investigación deberá determinar si Bandera puso esos recursos, cuál fue su origen y quién quedó finalmente con los títulos.
La búsqueda del verdadero dueño
Bandera no aparece con su nombre entre los principales accionistas públicos de Empresas Hites. En cambio, en julio de 2026 BTG Pactual figuraba como custodio del 28,91% de la compañía.
Bajo ese sistema, la corredora aparece formalmente en el registro, pero las acciones pueden pertenecer a distintos clientes cuyas identidades no se muestran públicamente. Por lo tanto, esa participación no demuestra por sí sola que los títulos estén relacionados con Bandera.
La ampliación plantea que la sociedad —o la persona que realmente la controla— podría haber utilizado las opciones y mantenido después la inversión bajo esa cuenta. Para comprobarlo, los abogados solicitaron revisar los registros de BTG Pactual y del Depósito Central de Valores.
La acción está dirigida formalmente contra Marcos Hites. Los fundadores y administradores de Bandera, sus familiares y los ejecutivos mencionados en el escrito no fueron incorporados nominativamente como responsables de lavado de activos, aunque se pidió que varios de ellos sean interrogados.
Dos propiedades entregadas como garantía
La relación entre Paluma y Bandera no se limita a la operación bursátil.
Una escritura del 30 de abril de 2025 muestra que Paluma constituyó en favor de Bandera una hipoteca de primer grado y prohibiciones sobre dos propiedades ubicadas en Nueva Costanera, Vitacura.
En representación de Bandera comparecieron Alejandro Leay Cabrera, Karen Rosenberg Carrasco y Pablo Fleischmann Chadwick. Según la ampliación, este último también estaría vinculado a la administración de Paluma.
La escritura menciona un documento privado denominado “Acuerdo Marco y Opción de Venta”, pero no reproduce su contenido. Pamela Hites solicitó que sea entregado a la Fiscalía para conocer los pagos, obligaciones o compromisos existentes entre ambas sociedades.
El acuerdo privado podría ser una de las piezas centrales de la investigación. Aunque la cesión fue informada por un precio total de $1, las garantías hipotecarias muestran que entre Paluma y Bandera existía una relación económica más amplia, cuyos términos todavía se desconocen.
La disputa se extiende a otro tribunal
La ofensiva de Pamela Hites no se limita a la causa penal. El 4 de agosto de 2026 presentó ante el 26º Juzgado Civil de Santiago una demanda contra Marcos Hites y las sociedades Paluma, Marcos Hites y Compañía CPA e Inversiones TGH.
La acción busca dejar sin efecto una serie de operaciones y recuperar bienes que, según su versión, pertenecían al patrimonio familiar. Ese juicio corre por una vía separada y todavía debe ser resuelto.
RoadShow informó en octubre de 2025 que Pamela Hites había llevado a su hermano a la justicia por estafa y administración desleal. La disputa nació de la distribución de los bienes de Alex Hites Averbuck, fundador junto a su hermano Isaac de la cadena de multitiendas.
Marcos y Pamela firmaron en abril de 2023 una transacción destinada a cerrar sus diferencias hereditarias. Ella estuvo asesorada por Juan Pablo Hermosilla, mientras Felipe Bulnes representó a su hermano.
La hija del empresario sostiene que aceptó ese acuerdo con información falsa, balances adulterados y activos ocultos. Según su versión, recibió bienes cercanos a US$4 millones que habían sido presentados con un valor aproximado de US$27,5 millones.
Una posible arista bursátil
La ampliación también solicita investigar una eventual infracción a las normas del mercado de valores. Marcos Hites integró el directorio de Empresas Hites hasta el 25 de abril de 2025, poco más de dos semanas antes del traspaso a Bandera.
El escrito plantea que, por su antigua posición, pudo conocer anticipadamente las condiciones y efectos del aumento de capital. Sin embargo, reconoce que no cuenta con antecedentes suficientes para afirmar que existió uso de información privilegiada o manipulación del precio de la acción.
La Fiscalía deberá decidir si esta línea merece diligencias adicionales y si corresponde solicitar antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero.
La defensa rechaza la acusación
La defensa de Marcos Hites sostiene que la controversia es una disputa hereditaria que debe resolverse en tribunales civiles y mediante el arbitraje contemplado en la transacción de 2023.
Su abogado, Alex van Weezel, señaló a Diario Financiero que Pamela firmó ese acuerdo con asesoría especializada y conserva los bienes recibidos. También acusó una utilización del sistema penal para presionar una nueva negociación.
Hasta ahora no existe una resolución que haya declarado irregulares las operaciones entre Paluma y Bandera. La respuesta podría estar en el acuerdo privado, en el origen de los recursos empleados para comprar las acciones y en los registros que mantienen bajo reserva la identidad de sus propietarios.
De esos antecedentes dependerá si el negocio tenía una explicación comercial que no aparece en los documentos públicos o si fue, como acusa Pamela Hites, una maniobra destinada a esconder parte del patrimonio familiar.
