El 8° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella y la derivó al Ministerio Público para su investigación.
La acción penal describe un esquema que simuló órdenes de compra a nombre de la clínica ante proveedores con relación comercial vigente.
Las comunicaciones incorporaban correos, firmas y antecedentes tributarios reales para sostener la apariencia de legitimidad.
Clínica Indisa presentó una querella criminal tras detectar un esquema que utilizó su identidad tributaria para gestionar compras ante proveedores habituales.
La acción fue admitida a trámite por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Luego quedó en manos del Ministerio Público para su investigación, en una causa centrada en el uso de datos reales en comunicaciones no autorizadas.
Según el escrito, terceros se hicieron pasar por el gerente de operaciones de la clínica para solicitar cotizaciones y avanzar en procesos de adquisición sin autorización interna.
La presentación señala que los responsables “han intentado engañar a distintos proveedores” para adquirir bienes a nombre de la institución, utilizando canales que replicaban dinámicas comerciales habituales.
El esquema se apoyaba en esa base. Los contactos se dirigían a proveedores que ya mantenían vínculos con la clínica, lo que facilitaba la validación inicial de las solicitudes y permitía insertar las gestiones dentro de procesos conocidos.
Correos y compras simuladas
La querella describe el uso de correos electrónicos con dominios similares al institucional y firmas que replicaban datos reales, como dirección, RUT y cargos ejecutivos.
Estos elementos buscaban “reforzar la apariencia de legitimidad” de las comunicaciones, permitiendo presentar las solicitudes como si provinieran desde la propia organización.
A partir de ese punto, los involucrados solicitaban cotizaciones. Luego confirmaban órdenes de compra con pago a 30 días, una modalidad frecuente en relaciones comerciales consolidadas.
En ese contexto, algunas empresas avanzaron en los procesos de venta bajo la apariencia de que se trataba de requerimientos regulares de la clínica.
Uno de los elementos centrales del caso es la utilización de antecedentes auténticos para respaldar las solicitudes comerciales.
La querella señala que se remitió a proveedores la carpeta tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos, documento que habitualmente se utiliza para acreditar situación financiera.
Ese documento se incorporó en las comunicaciones para asegurar que trataban con una empresa solvente. Con ello, se reforzaba la credibilidad de las operaciones y su avance bajo condiciones de pago diferido.
El escrito agrega que dicha información habría sido obtenida mediante un acceso ilegítimo.
Múltiples cotizaciones irregulares
En la querella, la clínica detalla cotizaciones realizadas a proveedores por más de $88 millones. Corresponden a productos médicos y equipos industriales solicitados bajo apariencia de operaciones regulares.
Entre los ítems incluidos figuran colchones anti escaras, sillas de ruedas, unidades dentales, enfriadores de aire y otros insumos clínicos e industriales. Todos fueron requeridos mediante comunicaciones que imitaban los canales formales de la institución.
El efecto del esquema se trasladó directamente a la red de proveedores de la clínica. Algunas empresas avanzaron en procesos de venta que posteriormente derivaron en cobros por bienes que no habían sido solicitados.
La querella advierte que estas maniobras generaron “el consiguiente perjuicio para su imagen y funcionamiento”, al quedar asociada a operaciones inexistentes frente a terceros.
