Tras meses de disputas judiciales, la ofensiva de 29 trabajadores y extrabajadores logró una resolución decisiva.
Un liquidador deberá tomar los bienes de la sociedad, con autorización para recurrir a Carabineros si encuentra resistencia.
La resolución abre una nueva etapa para la emblemática sede de Alameda 1091, mientras sigue en disputa la propiedad de sus valiosas obras de arte.
El histórico edificio del Club de la Unión, en plena Alameda, quedó bajo una orden judicial de incautación, luego de que el 21° Juzgado Civil de Santiago decretara la quiebra de Unión Inmobiliaria S.A., propietaria de la sede que durante un siglo recibió a empresarios y figuras del poder político chileno.
La resolución, dictada en la tarde de ayer, responde a la acción judicial promovida por los abogados Eduardo Guerrero y Sergio Zamudio, en representación de 29 trabajadores y extrabajadores del club que buscan cobrar deudas laborales y previsionales por unos $1.385 millones.
El patrimonio que entra en juego
El tribunal designó como liquidador al abogado Nelson Machuca Casanovas y le ordenó incautar, bajo inventario, todos los bienes, libros y documentos de la inmobiliaria. Para cumplir esa tarea, podrá solicitar el auxilio de Carabineros, con autorización para ingresar por la fuerza si fuese necesario.
La medida compromete el principal activo de la sociedad: el edificio de Alameda 1091, inaugurado en 1925 y declarado Monumento Histórico en 1981. Su destino quedará ligado al proceso de liquidación, aunque todavía no hay una fecha ni condiciones fijadas para su eventual remate.
Distinta es la situación de las pinturas y otras obras de arte que alberga la sede. Los abogados de los trabajadores sostienen que pertenecen a la Corporación Club de la Unión, también en liquidación, porque nunca fueron aportadas a la inmobiliaria. La resolución de ayer no zanja esa disputa, clave para determinar qué bienes podrán venderse en cada proceso.
Una tasación de 2020 valoró las 121 pinturas de la colección en $1.523 millones. Entre ellas figuran «Hora solemne», de Alberto Valenzuela Llanos, y «La mala nueva», de Pedro Lira, estimadas entonces en $150 millones cada una. Con esculturas, muebles y otros objetos, el patrimonio inventariado alcanzaba los $2.788 millones.
Dos entidades, un mismo empleador
La corporación administraba el club y la inmobiliaria era dueña del edificio, pero los tribunales las consideraron un solo empleador. Ese vínculo permitió a los trabajadores exigir el pago de sus deudas laborales también a la propietaria del inmueble.
Un contrato de 1997, modificado en 2006, muestra cómo convivían: la inmobiliaria cedía gratuitamente la sede al club, pero se reservaba las oficinas del cuarto piso y los salones para sus directorios y juntas de accionistas. Según los abogados de los trabajadores, el mismo personal atendía a las dos entidades.
En agosto de 2025, la inmobiliaria consiguió aprobar un acuerdo de reorganización que contemplaba vender activos y dar prioridad al pago de créditos preferentes, entre ellos los laborales. Dos meses después, los 29 trabajadores y extrabajadores presentaron la solicitud de quiebra que dio origen a este proceso.
Los intentos por evitar la liquidación
En noviembre de 2025, la empresa intentó una nueva reorganización de sus deudas. El juzgado aceptó inicialmente esa salida, pero dos días después cambió su decisión y dispuso avanzar hacia la liquidación. La inmobiliaria recurrió al Tribunal Constitucional y consiguió suspender el proceso durante meses.
La pausa terminó en agosto de este año, cuando el Tribunal Constitucional rechazó su solicitud. En septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisibles otros dos recursos de la empresa. Ayer, el juzgado dictó finalmente la resolución de liquidación, designó al liquidador y ordenó incautar los bienes de la sociedad.
Ahora, los acreedores tendrán 30 días desde la publicación de la resolución en el Boletín Concursal para presentar los documentos que respaldan sus créditos. Luego se celebrará la junta constitutiva de acreedores, mientras el liquidador deberá levantar el inventario de los bienes con que la inmobiliaria responderá por sus deudas.
