Luis Eduardo Díaz Aracena ejerce desde 2019 como juez del Juzgado de Policía Local de El Tabo. Durante el ejercicio del cargo ha mantenido actividad jurídica privada y aparece impugnando el acuerdo de reorganización de Nova Austral.
En febrero de 2023, siendo ya magistrado, constituyó junto a su hijo una sociedad destinada a asesorías jurídicas, representaciones judiciales y extrajudiciales, mediaciones y arbitrajes.
La doble actividad de los jueces de policía local ya ha sido cuestionada en el Congreso mediante iniciativas que han buscado ampliar sus incompatibilidades.
Luis Eduardo Díaz Aracena asumió como juez del Juzgado de Policía Local de El Tabo en julio de 2019. Su llegada al tribunal no significó el abandono del ejercicio privado como abogado.
Durante los años siguientes continuó interviniendo en causas civiles ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, representando a particulares y también en litigios que involucraron al Fisco y organismos públicos. Ya en 2020, mientras ejercía como juez en El Tabo, aparece como abogado en distintas causas que llegaron a esa Corte.
Una de ellas enfrentó a la familia Carvajal contra el Servicio de Salud Aconcagua por una demanda de indemnización de perjuicios. Díaz Aracena intervino como abogado del organismo de salud. La controversia volvió posteriormente a la Corte de Valparaíso y generó nuevos ingresos en 2022 y 2023.
Su actividad profesional continuó en los años siguientes. En un juicio entre Transtecnia y Luz Ximena Olivares Faundez aparece como abogado de esta última, demandada por la empresa en una acción de indemnización de perjuicios relacionada con un fraude bancario.
Transtecnia sostuvo en su demanda que su exapoderada había entregado a un tercero las combinaciones de su tarjeta de coordenadas y claves bancarias utilizadas para realizar 23 operaciones. La compañía buscó responsabilizarla por parte de las pérdidas derivadas del fraude. El conflicto llegó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2024 y nuevamente en 2025, con Díaz Aracena como abogado de la demandada.
Para entonces habían transcurrido más de cinco años desde su llegada al Juzgado de Policía Local de El Tabo.
Una sociedad jurídica creada siendo juez
En febrero de 2023, cuando llevaba tres años y siete meses como juez, Díaz Aracena constituyó junto a su hijo, Eduardo Andrés Díaz Daudet, Asesorías Jurídicas Díaz y Compañía Limitada.
La sociedad fue creada para prestar asesorías jurídicas a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas; asumir representaciones judiciales y extrajudiciales; participar en mediaciones y arbitrajes, además de desarrollar otras actividades relacionadas con la profesión de sus socios.
Díaz Aracena quedó con el 90% de la compañía. De los $2 millones establecidos como capital inicial, aportó $1,8 millones, mientras su hijo enteró los $200 mil restantes. Ambos quedaron facultados indistintamente para administrar y representar la sociedad.
No era una estructura profesional que Díaz Aracena mantuviera desde antes de convertirse en magistrado. La sociedad nació en 2023, durante su cuarto año al frente del Juzgado de Policía Local de El Tabo.
De El Tabo al caso Nova Austral
a actividad privada de Díaz Aracena también llegó hasta Magallanes y a uno de los procesos concursales empresariales de mayor notoriedad de los últimos años.
El juez de El Tabo intervino como abogado de Compañía Salmonífera Dalcahue Limitada, acreedora de Nova Austral, en la reorganización judicial de la salmonera tramitada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.
Dalcahue impugnó el acuerdo de reorganización aprobado por los acreedores y cuestionó, entre otros aspectos, las diferencias establecidas entre acreedores valistas esenciales y no esenciales. La empresa sostuvo que esa clasificación otorgaba condiciones distintas a acreedores que se encontraban en una situación jurídica equivalente.
La impugnación de Dalcahue fue inicialmente acogida. En mayo de 2024, el tribunal de Porvenir rechazó el acuerdo y abrió la liquidación de Nova Austral, una decisión que posteriormente fue revertida por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. La disputa continuó hasta la Corte Suprema.
Díaz Aracena representó los intereses de Salmonífera Dalcahue en esa controversia mientras seguía ejerciendo como juez del Juzgado de Policía Local de El Tabo.
Nova Austral tampoco constituye la única causa en que aparece ejerciendo privadamente después de asumir el cargo. Su actividad como abogado puede seguirse durante distintos años ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, desde 2023, convive además con la sociedad jurídica que constituyó junto a su hijo.
Lo que la ley permite a un juez de Policía Local
La explicación está en una particularidad del régimen de los jueces de Policía Local. A diferencia de otros magistrados, la ley no les impide ejercer privadamente como abogados fuera de estos tribunales.
La Ley 15.231 les prohíbe intervenir como abogados, apoderados o peritos en asuntos conocidos por los Juzgados de Policía Local. La restricción, sin embargo, no se extiende de manera general a causas tramitadas ante tribunales civiles, laborales, Cortes de Apelaciones u otras jurisdicciones.
Díaz Aracena puede así encabezar el Juzgado de Policía Local de El Tabo y ejercer paralelamente como abogado en tribunales distintos. Es bajo ese régimen que aparece litigando ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y representando a Salmonífera Dalcahue en el caso Nova Austral.
Una doble función que llegó al Congreso
La posibilidad de que un juez mantenga ambas actividades ha sido discutida en el Congreso. Una moción parlamentaria propuso modificar la Ley 15.231 para prohibir a los jueces de Policía Local el libre ejercicio de la profesión de abogado.
La iniciativa buscaba eliminar precisamente la posibilidad que mantiene la legislación actual: impedir que quienes ejercen como jueces de Policía Local continúen litigando privadamente ante otros tribunales.
La propuesta no modificó el régimen vigente.
Díaz Aracena asumió el Juzgado de Policía Local de El Tabo en 2019. En los años siguientes continuó ejerciendo como abogado; en 2023 creó junto a su hijo una sociedad para prestar servicios jurídicos; y su actividad profesional llegó hasta la reorganización judicial de Nova Austral.
Pero el tribunal que encabeza Díaz Aracena forma parte de una estructura municipal que también ha estado bajo escrutinio. En paralelo a la actividad privada del magistrado, distintas fiscalizaciones de la Contraloría General de la República han detectado durante más de una década irregularidades y deficiencias en la Municipalidad de El Tabo.
Alfonso Muñoz Aravena, alcalde de El Tabo.
Una Municipalidad bajo cuestionamientos
LLa Municipalidad de El Tabo acumula más de una década de observaciones de la Contraloría General de la República. Desde 2014, distintas fiscalizaciones han detectado problemas en contrataciones, adquisiciones, educación, administración financiera, vehículos municipales y uso de recursos públicos.
Los montos involucrados en reparos, devoluciones, reintegros y pagos objetados superan los $350 millones, considerando las cifras finales determinadas en las distintas fiscalizaciones y evitando duplicar montos correspondientes a los mismos hechos. Parte de esos recursos fue posteriormente restituida.
Uno de los episodios de mayor magnitud quedó plasmado en el Informe Final 844 de 2022, que examinó adquisiciones realizadas por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) durante 2020 y 2021. Contraloría terminó formulando un reparo por más de $219 millones.
La auditoría encontró además una situación difícil de explicar: computadores de establecimientos educacionales funcionaban con versiones crackeadas o “piratas” de Microsoft Windows y Office, pese a que el DAEM había comprado licencias para esos programas. Cuando Contraloría pidió aclarar dónde habían sido instaladas, el departamento informó que no contaba con registros que permitieran identificar los equipos.
Las irregularidades detectadas en Educación también tuvieron consecuencias internas. Un sumario administrativo terminó con la destitución del director del DAEM y el término de los contratos de la jefa de Finanzas, la encargada de Bodega y el encargado de Informática.
Casi $73 millones y antecedentes al Ministerio Público
Los problemas volvieron a aparecer en el Informe Final de Investigación Especial 366 de 2025. Esta vez, Contraloría formuló reparos por casi $73 millones relacionados con mantenciones pagadas a Maestranza V&N SpA, servicios a honorarios para mantención y reparación de vehículos y prestaciones vinculadas al programa Seguridad Comunitaria.
La investigación también puso el foco en la distribución municipal de agua potable mediante un camión aljibe. Contraloría estableció que una de las bitácoras había sido adulterada para aparentar entregas de agua a los padres de funcionarios municipales y calificó lo ocurrido como una infracción grave al principio de probidad administrativa.
Maestranza V&N volvió a aparecer en otro hallazgo. Cotizaciones atribuidas a la empresa habían sido confeccionadas desde un computador de la propia Municipalidad de El Tabo.
Contraloría objetó además una orden de compra emitida a favor de la maestranza. Determinó que la operación vulneró la Ley 19.886 por la vinculación de la empresa con un prestador a honorarios del municipio y porque la Municipalidad no dictó la resolución fundada exigida para autorizar la contratación.
A ello se sumaron problemas en el control de los vehículos municipales: bitácoras extraviadas, inconsistencias en los kilometrajes, información duplicada y ausencia de registros de cometidos.
Antecedentes al Ministerio Público.
Parte de estos hechos ya había llegado al Ministerio Público. En octubre de 2024, la propia Municipalidad de El Tabo presentó una querella y posteriormente amplió la acción luego de un peritaje realizado a uno de los vehículos involucrados.
Según los antecedentes entregados a Contraloría, un camión por cuya reparación se habían pagado más de $12,7 millones carecía de piezas mecánicas esenciales para funcionar.
Contraloría remitió posteriormente copia de su investigación al Ministerio Público. La causa permanece abierta y es investigada por la Fiscalía de San Antonio, que mantiene reservados sus antecedentes. Hasta ahora no se conocen públicamente formalizaciones derivadas de esta investigación.
