La entidad detectó cientos de giros denunciados como fraudulentos por usuarios que, pocos días antes, habían recibido depósitos por montos similares.
La ofensiva judicial busca retener los vale vista emitidos para restituir por ley los recursos reclamados por los titulares.
La nueva arremetida se suma a una investigación iniciada en 2024, que ya reúne más de 7.000 episodios bajo sospecha.
En apenas quince días, 419 cuentas de BancoEstado recibieron depósitos que fueron retirados poco después mediante cajeros automáticos o CajaVecina. Luego, sus titulares desconocieron los giros y los denunciaron como fraudulentos para exigir que el banco les restituyera los recursos.
El patrón encendió las alertas de la entidad, que llevó los antecedentes a la justicia y pidió impedir el cobro de los vale vista emitidos para responder a esos reclamos.
BancoEstado presentó la acción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por uso fraudulento de tarjetas y transacciones electrónicas. También pidió investigar una posible asociación ilícita.
El tribunal admitió la querella y envió los antecedentes al Ministerio Público.
Cientos de casos en pocos días
La ofensiva comprende operaciones detectadas entre el 13 y el 28 de julio por más de $215 millones. El promedio llega a $514 mil por persona, mientras que la mitad de los reclamos no supera los $400 mil.
La repetición de ciertos montos llamó la atención del banco. Entre los casos analizados, 153 corresponden exactamente a $400 mil, otros 56 llegan a $390 mil y 26 alcanzan los $800 mil. Esas tres cifras concentran el 56% del total.
La nómina entregada al tribunal incluye 419 nombres, RUT, números de caso y vale vista distintos. Además, los usuarios se concentran principalmente en comunas como Puente Alto, La Florida y Santiago.
El patrón que detectó BancoEstado
Según la querella, las cuentas recibían uno o más abonos mediante transferencias electrónicas, depósitos en efectivo u otros medios. Dentro de los siete días siguientes, esos recursos eran retirados parcial o totalmente.
Los giros se realizaban con las tarjetas físicas en cajeros automáticos o puntos CajaVecina. Después, los usuarios aseguraban que no reconocían las operaciones y las atribuían al robo, extravío o uso fraudulento de sus medios de pago.
BancoEstado afirma que los movimientos fueron autorizados mediante los mecanismos habituales y que no encontró anomalías técnicas. Los montos retirados, además, coincidían o se acercaban a los depósitos recibidos anteriormente.
En la industria financiera, esta práctica se conoce como “autofraude”: una persona participa en una operación y luego la desconoce para recuperar el dinero.
La Ley N.º 20.009 obliga a los emisores a responder frente al robo o uso fraudulento de una tarjeta. Sin embargo, también castiga a quienes entregan antecedentes falsos, simulan operaciones no autorizadas o desconocen transacciones propias para obtener una restitución.
BancoEstado intenta frenar los pagos
La entidad emitió vale vista para responder a los reclamos, pero ahora busca impedir que sean cobrados. Para ello, pidió al tribunal retener los documentos asociados a los 419 casos mientras avanza la investigación.
El banco advirtió que, una vez pagados, los recursos podrían ser retirados en efectivo o enviados a terceros. Eso dificultaría su recuperación.
La resolución que admitió la querella no se pronunció expresamente sobre esta solicitud.
BancoEstado también pidió que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana reconstruya las operaciones y siga la ruta del dinero.
La investigación deberá aclarar si los usuarios actuaron por separado o recibieron instrucciones de terceros. La entidad sospecha que podrían existir personas dedicadas a reclutar participantes, coordinar los retiros y enseñarles cómo presentar los reclamos.
Una investigación con más de 7.000 casos
BancoEstado ya había denunciado esta práctica en 2024. Esa causa fue ampliada varias veces y actualmente reúne más de 7.000 episodios bajo sospecha.
La aparición de otros 419 reclamos muestra que el mecanismo sigue activo pese a la investigación penal. Ahora la Fiscalía deberá determinar cuántos corresponden realmente a operaciones simuladas y si existe una red detrás de ellos.
Quienes sean declarados responsables arriesgan penas de cárcel y una multa equivalente al triple del monto defraudado.
Con esta nueva ofensiva, el banco busca cambiar el destino de esos reclamos. Lo que comenzó como una solicitud para recuperar dinero terminó con los antecedentes de cada operación en manos de la justicia.
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