La controversia gira en torno a la consulta previa a comunidades indígenas, afrobrasileñas y de pescadores artesanales que podrían verse afectadas por la nueva planta de celulosa en Rio Grande do Sul.
Tras el rechazo de un magistrado a la solicitud de paralización urgente, el Ministerio Público busca que una sala revise esa decisión.
La jueza de primera instancia dejó el juicio en pausa hasta que se resuelva el recurso, sin ordenar la suspensión de la evaluación ambiental.
La Fiscalía de Brasil volvió a la carga contra Natureza, el megaproyecto de celulosa de CMPC en Rio Grande do Sul. Tras el rechazo de un magistrado a su solicitud de frenar la evaluación ambiental, el Ministerio Público pidió que una sala del tribunal federal de apelaciones revise esa decisión, en una disputa por la consulta previa a las comunidades que podrían verse afectadas por la iniciativa.
La Fiscalía presentó el recurso el 5 de octubre ante el Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región, con sede en Porto Alegre. Busca que los magistrados de su 3.ª Sala reviertan la decisión adoptada en septiembre por uno de los integrantes del tribunal y ordenen detener la tramitación ambiental.
El recurso está en tramitación y pendiente de resolución. Según el Registro Judicial Federal de Braisl, el 6 de octubre pasó al magistrado encargado del caso, sin que figure una decisión posterior que acoja o rechace la petición de la Fiscalía.
El rechazo del magistrado
La actuación responde a la decisión del 8 de septiembre del magistrado de apelaciones Cândido Silva, quien rechazó la solicitud de la Fiscalía de paralizar de manera urgente la tramitación ambiental de Natureza, después de que esa petición tampoco prosperara en primera instancia.
Al examinar la solicitud, el juez de apelaciones consideró que los estudios ambientales seguían en evaluación y que no se había acreditado un riesgo inminente que justificara detener el procedimiento. Así, mantuvo el rechazo del juzgado donde se tramita la demanda a paralizar la evaluación ambiental.
La controversia afecta a la planta que CMPC proyecta construir en Barra do Ribeiro, con capacidad para producir 2,5 millones de toneladas de celulosa al año y una inversión estimada inicialmente en US$4.600 millones. La Fiscalía también cuestiona cómo se evalúan los efectos de la expansión forestal y de las instalaciones portuarias y logísticas asociadas.
La demanda original
El conflicto judicial comenzó en mayo, cuando el Ministerio Público presentó una demanda para garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, afrobrasileñas y de pescadores artesanales potencialmente afectadas por Natureza. Como parte de esa acción, pidió frenar la tramitación ambiental.
La Fiscalía sostiene que las reuniones informativas y la participación de las comunidades en estudios técnicos no sustituyen la consulta exigida por el Convenio 169 de la OIT. Además, pide evaluar los efectos del conjunto de la iniciativa.
CMPC y los organismos públicos demandados defendieron la regularidad de la evaluación ambiental. Funai, la entidad encargada de proteger los derechos indígenas, sostuvo que las comunidades participaban conforme a una metodología que ellas mismas habían aprobado. Fepam, responsable de los permisos ambientales en Rio Grande do Sul, señaló que había exigido completar el diagnóstico sobre las comunidades potencialmente afectadas.
El 30 de junio, la jueza de primera instancia Maria Pezzi rechazó detener la tramitación, porque consideró que no había antecedentes suficientes para hacerlo mientras los estudios seguían en desarrollo. La demanda continuó y la jueza dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas urgentes si surgían nuevos hechos o pruebas. La Fiscalía apeló a esa resolución y pidió al tribunal superior paralizar de manera urgente la evaluación ambiental. Uno de sus magistrados rechazó esa solicitud, decisión que ahora deberá revisar una sala integrada por tres jueces.
El juicio en pausa
Después del rechazo del magistrado de apelaciones, la jueza resolvió el 24 de septiembre dejar el juicio de primera instancia en pausa hasta que quede firme la resolución del recurso.
La evaluación ambiental, en cambio, continúa. Natureza todavía no cuenta con una licencia, y la decisión final de inversión de CMPC está sujeta a los permisos y a la aprobación de su directorio.
El 7 de octubre se presentó además un pedido de aclaración en primera instancia. Al día siguiente, el juzgado ordenó notificar a CMPC y a los demás demandados para que respondieran.
La controversia también alcanzó a los fiscales Ricardo Gralha Massia y Flávia Rigo Nóbrega, quienes impulsaron las exigencias de consulta previa. En junio, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil denunció ante la ONU una posible intimidación contra ellos, después de que el Consejo Nacional del Ministerio Público suspendiera sus recomendaciones y ordenara evaluar eventuales medidas disciplinarias.
