En algunos policlínicos financiados completamente con el seguro de accidentes laborales, siete u ocho de cada diez atenciones no son laborales. El dato surge de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y obliga a hacerse una pregunta: si el seguro paga recintos que también atienden problemas de salud ajenos a él, ¿cuánto cuesta realmente proteger a los trabajadores accidentados?
La respuesta puede ser relevante para el proyecto de Sala Cuna Universal. Mientras el Congreso busca cómo financiar esa idea sin encarecer el empleo, existe una cotización obligatoria cuyo valor básico no se recalibra desde 1988. Si una revisión demuestra que se cobra más de lo necesario por el seguro de accidentes laborales, parte de esa diferencia podría financiar salas cuna en lugar de seguir ingresando a las arcas de las mutualidades.
La cotización básica del seguro laboral equivale al 0,9% de las remuneraciones imponibles y la paga el empleador. En 2025 entregó $805 mil millones a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).
Además, cada empleador paga una cotización que varía según su riesgo y siniestralidad. Esa parte puede ajustarse; la tasa básica lleva 38 años sin una revisión periódica de sus costos.
Quién paga la otra atención
La FNE examinó policlínicos y salas de primeros auxilios que atienden tanto accidentes del trabajo como afecciones comunes. Encontró establecimientos que reciben financiamiento completo del seguro laboral pero donde las atenciones relacionadas a ese seguro representan apenas entre un 20% a 30% del total.
Al comparar los aportes con los costos de las prestaciones laborales, la FNE tampoco encontró una relación directa entre ambos.
El problema no es que una clínica atienda a pacientes distintos. Usar la misma infraestructura puede ser eficiente. El problema aparece si la cotización destinada a proteger a un trabajador accidentado termina pagando parte de las prestaciones que corresponden a otras actividades privadas de las mutuales. Es decir, esos otros costos se cargan al seguro laboral y suben la cuenta de la protección a los trabajadores.
Ese es el hallazgo implícito en la investigación de la FNE. Pero antes de decidir cuánto deben pagar los empleadores, hay que determinar con claridad el costo real del seguro versus el costo de los servicios que las mutualidades prestan fuera de él.
Los estados financieros muestran la escala de esas actividades. En 2025, ACHS y la Mutual de Seguridad registraron en conjunto más de $172 mil millones en ventas de servicios médicos a terceros. La cifra incluye exámenes preocupacionales y distintas prestaciones; y si bien no equivalen íntegramente a consultas de salud privada, confirman que las atenciones ajenas al seguro son una actividad de gran escala.
También hay recursos acumulados. A fines de 2025, las tres mutualidades que operan el seguro laboral registraban $929 mil millones en fondos acumulados.
Además, ese año contabilizaron $5.432 millones en gastos de marketing y $1.294 millones en gastos por auspicios y patrocinios.
Y si bien no basta con mirar esos montos y declarar que «sobran»; sí basta para exigir que el costo del seguro, su patrimonio y sus gastos se sometan a una revisión que el país lleva décadas postergando.
Una cuenta para financiar Sala Cuna
La FNE pidió en junio pasado que las cotizaciones del seguro de accidentes laborales se revisen periódicamente y respondan al costo de sus prestaciones.
El organismo ha advertido que mantener las tasas mientras cae la accidentabilidad podría generar excesos de cotización. El destino de un eventual exceso ya no es solo una pregunta para las mutualidades: también debiera serlo para el Congreso que discute cómo financiar el proyecto de Sala Cuna.
La propuesta es concreta. Una revisión independiente debe establecer cuánto necesita el seguro para pagar tratamientos, subsidios, prevención, pensiones y obligaciones futuras. Si demuestra que una parte de la tasa básica supera ese costo, la ley podría reducirla y crear al mismo tiempo una cotización equivalente para Sala Cuna. El seguro conservaría los recursos que necesita y el empleador no pagaría más por esa parte del financiamiento.
Los montos justifican hacer el estudio. Con la recaudación de 2025, 0,05 punto porcentual de la tasa básica equivale aproximadamente a $45 mil millones anuales en las tres mutualidades; 0,10 punto, a $89 mil millones. Nadie ha demostrado todavía que esos montos puedan liberarse. Pero tampoco se ha hecho la revisión necesaria para descartarlo.
Sala Cuna Universal busca remover una barrera que perjudica especialmente la contratación de mujeres. El Seguro de Cesantía protege a quienes pierden su empleo, y el Senado rechazó usar parte de sus recursos para financiar el proyecto. Antes de volver a esa opción o crear una carga adicional, el Congreso debiera mirar los excesos que existen en el seguro laboral y responder una pregunta elemental: ¿estamos cobrando solo lo que cuesta proteger a los trabajadores, o también estamos financiando con esa cotización otros negocios y actividades?
Si la respuesta revela un exceso permanente, Sala Cuna ofrece un destino social para esos recursos que vale la pena discutir. Lo difícil de justificar sería seguir pagando una tasa fijada en 1988 sin averiguarlo.
Por Equipo RoadShow.
