El movimiento No+AFP surgió en 2014 con una crítica al monto de las pensiones pagadas por el sistema privado. En mayo de ese año, según la Superintendencia de Pensiones, el antiguo sistema de reparto pagó en promedio $186.000 a cerca de 810 mil personas, mientras que el sistema privado pagó $242.000 a poco más de dos millones.
Al expresar esas pensiones en UF —unas 8 y 10,1, respectivamente—, la del sistema privado era cerca de un 26% mayor. Esa diferencia no explicaba por sí sola el malestar que dio origen al movimiento. Además, la comparación requería otro antecedente.
En 2014, incluso quienes habían ingresado al sistema privado en 1982 llevaban, como máximo, 32 años cotizando en él. Todavía no podían completar una trayectoria de 45 años de cotizaciones. Esa diferencia en las trayectorias laborales también debía considerarse al comparar las pensiones de ambos sistemas.
En mayo de 2026, la pensión promedio del sistema de reparto había subido a $362.000 y la del sistema privado, a $447.000. Medidas en UF, equivalían aproximadamente a 9 y 11, respectivamente: una diferencia de 22,2% a favor del sistema privado. Doce años después, el antiguo sistema de reparto seguía pagando, en promedio, una pensión menor.
Una población que envejece
Un sistema de reparto necesita trabajadores que financien las pensiones de quienes ya jubilaron. El antiguo régimen chileno dejó de recibir nuevos afiliados y el envejecimiento de la población haría difícil volver a sostener uno de esa naturaleza.
En 2014 había 6,8 personas en edad de trabajar, entre 18 y 65 años, por cada jubilado. Hoy esa relación sería de 4,7. La presión demográfica sobre un eventual sistema de reparto sería, por tanto, mucho mayor.
Pese a ello, la reforma previsional aprobada en 2025 incorporó, a mi juicio, un mecanismo de reparto encubierto mediante el llamado «préstamo al Estado» para mejorar las pensiones actuales. A esto se suman el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales y la licitación periódica del 10% de los afiliados.
Me preocupa el efecto que estos cambios puedan tener sobre la competencia. Una AFP que no gane licitaciones durante varios procesos consecutivos podría perder afiliados e ingresos por comisiones hasta comprometer su continuidad. Si eso ocurre, terminaríamos con menos administradoras y volvería a aparecer la discusión sobre una AFP estatal que concentre la gestión.
El costo de mirar el corto plazo
Algunos parlamentarios de Chile Vamos apoyaron esta reforma pese a que, en mi opinión, desplazó el foco desde la rentabilidad de los ahorros hacia la reducción de las comisiones. Pagar una comisión menor beneficia al afiliado, pero la evaluación de un sistema de pensiones también debe considerar cuánto crecen sus ahorros durante décadas.
Los fondos generacionales, por su parte, eliminarán la posibilidad de elegir entre multifondos según la disposición personal al riesgo. También me preocupa que los premios y castigos vinculados al desempeño frente a carteras de referencia lleven a las administradoras a adoptar estrategias más conservadoras.
Si esas estrategias reducen la rentabilidad de largo plazo, habrá menos dinero acumulado en las cuentas personales y, en consecuencia, pensiones futuras más bajas. Ese riesgo merece atención antes de dar por hecho que el nuevo diseño mejorará el resultado para los afiliados.
La reforma de 2025 prometió mejores pensiones. Pero su efecto sobre la competencia y la rentabilidad aún está por verse. Si esos resultados empeoran, habrá que volver a discutir aquello que el antiguo lema parecía descartar: más AFP y más competencia entre ellas.
Por William Díaz, economista y MBA.
