El acceso a la vivienda propia es una de las decisiones más trascendentales en la vida de las personas, así como un pilar fundamental de la seguridad familiar y de la construcción de patrimonio.
En el centro de este proceso deben encontrarse siempre la libertad personal y la responsabilidad del hogar. Cada ciudadano debe conservar plena autonomía para decidir el lugar y el tipo de inmueble que mejor se adapten a su proyecto de vida, ya sea una casa o un departamento, en ubicaciones céntricas o en entornos menos densificados.
Alcanzar esta meta depende exclusivamente del esfuerzo, la disciplina financiera y el mérito individual, sin supeditar las aspiraciones habitacionales a la burocracia estatal.
Financiamiento eficiente sin nuevas estructuras burocráticas
Para respaldar este principio de autonomía, el camino adecuado no pasa por la creación de nuevas estructuras administrativas ni por la intervención del Estado en la construcción de viviendas, sino por potenciar los mecanismos de mercado, fortaleciendo la creatividad del mercado de capitales y la articulación con los fondos generacionales.
La propuesta que conocemos utiliza las estructuras existentes y adecua normas ya vigentes en el sistema financiero. Opera mediante rigurosas evaluaciones de capacidad de pago, a cargo de las instituciones financieras, y mantiene la responsabilidad de esas entidades frente a morosidades, aunque estas excedan la media histórica.
Mediante un respaldo estatal eficiente, que apalanca un capital restringido con el aval del Estado, se genera un masivo poder de compra en créditos hipotecarios. Este flujo recompone la profundidad de largo plazo afectada durante los últimos años y se complementa de manera natural con los fondos generacionales previsionales.
Como resultado, se proyecta una significativa baja de las tasas —estimada inicialmente en 100 puntos base— y el acceso a plazos más extendidos.
En paralelo, un premio al ahorro habitacional, cuyo costo fiscal está acotado, a lo sumo, a 180 UF por familia, incentiva directamente la constancia y el esfuerzo personal. Ese monto equivale a una fracción menor del costo de los programas tradicionales. Su ejemplo más emblemático es el DS49, que entrega viviendas de 1.800 UF a cambio de un ahorro de apenas un par de UF.
Superar las limitaciones del asistencialismo estatal
Frente a este esquema basado en la responsabilidad y la libertad individual, los modelos de subsidios masivos y centralizados muestran agotamiento y efectos indeseados.
Los mayores recursos destinados al subsidio de viviendas cubren cada vez a menos hogares, debido al aumento de las especificaciones y de los costos. Las asignaciones mediante extensas listas de espera y parámetros rígidos terminan generando incentivos disfuncionales, que desincentivan la formalidad laboral y la transparencia en los ingresos declarados.
La evidencia demográfica es clara: mientras el Censo de 2024 registra 6,5 millones de hogares en el país, el Registro Social de Hogares contabiliza más de 9 millones de hogares para acceder a beneficios asistenciales.
Esta brecha refleja cómo las reglas vigentes empujan a las familias a fragmentar administrativamente sus realidades para poder calificar, alejándose de los principios de mérito y transparencia.
Avanzar hacia una solución de mercado que promueva la propiedad privada, respete la libertad de elección y premie el ahorro es la vía más sólida y justa para fortalecer a las familias chilenas en el largo plazo.
Por Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers Chile.
