Es la segunda sanción millonaria que recibe el expresidente de Azul Azul, luego de la multa de 65 mil UF que le impuso el regulador por las irregularidades de Sartor.
La CMF estableció que Clark tomó el control de la concesionaria mediante la compra de cuotas del fondo Tactical Sport, sin ofrecer a los demás accionistas la posibilidad de vender sus títulos.
La operación involucró US$5,7 millones, pero el regulador constató que, cinco meses después de la compraventa, no existían antecedentes que acreditaran su pago.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a sancionar a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, con una multa de 20 mil UF, equivalentes a unos $824 millones, por tomar el control de la concesionaria de Universidad de Chile sin realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
La nueva sanción, anunciada este martes, se suma a los 65 mil UF que recibió en noviembre de 2025 por las irregularidades de Sartor. En menos de un año, el regulador le ha impuesto multas que totalizan 85 mil UF, equivalentes a unos $3.500 millones.
El nuevo castigo tiene su origen en una operación del 13 de diciembre de 2024, cuando Clark, a través de su sociedad Inversiones Antumalal, compró a Asesorías e Inversiones Sartor el 90,07% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport.
Ese fondo era dueño del 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul. La CMF estableció que, al adquirir sus cuotas, Clark obtuvo indirectamente el control de la concesionaria, pero sin realizar una OPA que permitiera participar a los demás accionistas.
La resolución, fechada el 8 de octubre y difundida públicamente este martes 20, calificó la infracción como de máxima gravedad, al considerar que los accionistas minoritarios fueron privados de la posibilidad de vender sus títulos en las condiciones previstas por la ley.
Los US$5,7 millones que no aparecían
La investigación también reveló un antecedente de la compraventa. Clark acordó pagar US$5.719.483 por las cuotas de Tactical Sport, a razón de US$0,90 cada una, pero al menos hasta el 15 de mayo de 2025, cinco meses después de la operación, el dinero seguía impago.
La CMF tampoco encontró antecedentes que acreditaran la entrega de garantías para respaldar esa obligación. Es decir, según los registros examinados, Clark había adquirido el control de Azul Azul sin desembolsar todavía el precio comprometido.
La transacción ocurrió en medio de la crisis financiera de Sartor. Un día antes de la compra, Bci Corredor de Bolsa había comunicado a Asesorías e Inversiones Sartor el incumplimiento de obligaciones por cerca de $5.700 millones, originadas en operaciones simultáneas.
La carta, incorporada al expediente, detallaba sucesivos incumplimientos de pago y de compromisos para entregar garantías. Era parte de los problemas financieros que enfrentaba Sartor cuando Clark adquirió las cuotas del fondo que controlaba Azul Azul.
La historia dio otro giro el 29 de julio de 2026. Ese día, Antumalal y el liquidador de Sartor acordaron dejar sin efecto la compraventa, por lo que las cuotas regresaron a la sociedad vendedora. Pero la operación ya había dado origen a la investigación que ahora terminó con una nueva multa.
La disputa que llegó a la Corte Suprema
Clark siempre cuestionó la interpretación de la CMF. Su defensa sostuvo que comprar cuotas de un fondo de inversión privado no equivalía a adquirir directamente las acciones de las empresas en las que ese fondo participaba y que, por lo tanto, no estaba obligado a lanzar una OPA.
Para respaldar esa posición presentó informes de los abogados Carlos Peña y Alejandro Ferreiro, quienes argumentaron que los fondos cuentan con una administración independiente de sus aportantes.
El regulador rechazó esa tesis. A su juicio, Clark había adquirido suficientes cuotas para decidir incluso el reemplazo de la administradora de Tactical Sport, una facultad que le permitía ejercer el control efectivo sobre las acciones de Azul Azul.
El conflicto comenzó apenas se conoció la operación. En diciembre de 2024, la CMF advirtió a Clark que debía corregir la situación. El empresario impugnó esa interpretación y, en enero de 2025, anunció su disposición a realizar una OPA voluntaria, aunque sin reconocer ninguna infracción.
La disputa llegó hasta la Corte Suprema. El 15 de octubre de 2026, el máximo tribunal confirmó el rechazo del reclamo presentado por Clark contra la CMF, respaldando la actuación del regulador respecto de la obligación de realizar una OPA.
Una nueva multa en medio del caso Sartor
La sanción llega también en un momento judicial complejo para Clark. En agosto, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva en el marco de la investigación penal por las irregularidades de Sartor, causa en la que enfrenta imputaciones por distintos delitos económicos.
Ese procedimiento penal es independiente de la nueva multa administrativa. Esta última investigación comenzó en mayo de 2025 y derivó en la formulación de cargos en abril de 2026, antes de que el Consejo de la CMF resolviera aplicar la sanción de 20 mil UF.
A ello se suma la multa de 65 mil UF (o más de $2.677 millones), impuesta en noviembre de 2025 por el caso Sartor, que también contempló una inhabilitación de cinco años para ejercer determinados cargos en entidades fiscalizadas. Ambas sanciones económicas suman 85 mil UF (unos $3.501 millones), aunque ello no significa que estén firmes o pagadas.
Mientras tanto, Azul Azul atraviesa otro cambio de rumbo. Tras quedar sin efecto la compraventa de Clark, el control del paquete mayoritario regresó a la órbita de Sartor, cuya liquidación está a cargo del abogado Eduardo Godoy.
La semana pasada, el liquidador impulsó la convocatoria a una junta extraordinaria para renovar el directorio que preside Cecilia Pérez, quien reemplazó a Clark en abril de este año. Además, trabaja en la venta del paquete controlador de Azul Azul para recuperar recursos destinados a pagar a los acreedores.
Así, mientras la concesionaria se prepara para una nueva etapa, Clark recibe otra sanción por una operación que ya fue revertida. La multa de $824 millones llega casi dos años después de una compraventa por US$5,7 millones que terminó sin efecto, pero cuyas consecuencias legales todavía persiguen al expresidente de Azul Azul.
