La acción judicial imputa los delitos de contrato simulado, defraudación y administración desleal, además de responsabilidad penal de las sociedades beneficiadas.
La automotriz acusa que una división realizada en diciembre de 2022 trasladó los principales activos a nuevas compañías y mantuvo las deudas en la firma operativa.
El escrito cifra en $82 millones el perjuicio sufrido por la compañía japonesa y señala que la transportista acumulaba incumplimientos comerciales y laborales superiores a $890 millones.
Durante años, Transportes Schiappacasse fue uno de los principales aliados logísticos de Toyota en Chile, encargado de trasladar vehículos de las marcas Toyota y Lexus a lo largo del país. Esa relación terminó convertida en una ofensiva judicial después de que la automotriz detectara que la empresa había quedado sin activos suficientes para responder por sus obligaciones.
Toyota acusa que detrás de una reorganización realizada en diciembre de 2022 hubo una maniobra destinada a trasladar los bienes de mayor valor del transportista a nuevas compañías y concentrar las deudas en la sociedad operativa. El resultado, sostiene, fue una cadena de incumplimientos que superó los $890 millones y le provocó un perjuicio directo de $82 millones.
La querella fue admitida a tramitación el 22 de julio por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para su investigación.
La acción está dirigida contra Roberto y Mirtha Schiappacasse Madariaga; Santiago Schiappacasse Maldini; Marcelo Peña Herrera, y Pablo Garay González. También incluye a Inmobitalia, Schiappacasse Logística y Schiappacasse Gestión y Soporte, además de todos quienes resulten responsables.
Un proveedor estratégico para Toyota Chile
Transportes e Inversiones Schiappacasse, actualmente denominada Schiappacasse Transportes, mantenía una antigua relación comercial con Toyota Chile. Su experiencia, infraestructura y solidez financiera la habían convertido en un proveedor relevante para la distribución de vehículos nuevos.
En 2020, la compañía se adjudicó una licitación privada convocada por la automotriz. Ambas empresas firmaron en octubre de ese año un contrato para trasladar vehículos Toyota y Lexus desde los puertos y centros de operaciones hasta los concesionarios ubicados en distintas regiones del país.
La transportista asumió progresivamente una mayor parte de esos servicios. Para Toyota, la continuidad de la operación resultaba crítica, porque cualquier interrupción podía retrasar la entrega de vehículos previamente reservados por sus clientes.
Según la querella, la relación funcionó con normalidad hasta marzo de 2023. Poco después comenzaron los problemas laborales y financieros que terminaron por revelar la magnitud de la crisis.
La división que cuestiona la automotriz
El origen del conflicto se remonta al 1 de diciembre de 2022. Ese día, Roberto y Mirtha Schiappacasse acordaron transformar y dividir Transportes e Inversiones Schiappacasse Limitada mediante una escritura pública suscrita en Santiago.
La operación mantuvo a la empresa original bajo el nombre de Schiappacasse Transportes y dio origen a tres nuevas compañías: Inmobitalia, Schiappacasse Logística y Schiappacasse Gestión y Soporte. Todas quedaron bajo la representación de Roberto Schiappacasse.
Toyota sostiene que la división trasladó los activos de mayor valor a esas nuevas entidades, mientras las deudas, los trabajadores, los contratos y las demás obligaciones permanecieron en la sociedad operativa.
Inmobitalia recibió activos inmobiliarios y financieros. Entre ellos figuraban el terreno denominado El Copihue, mejoras realizadas en ese inmueble y en El Noviciado Uno, obras en construcción, módulos de oficinas y bienes vinculados a operaciones de leaseback.
Schiappacasse Logística concentró maquinarias y equipos relacionados con el negocio. Por su parte, Schiappacasse Gestión y Soporte recibió software, sistemas y otros activos asociados a la administración.
La sociedad continuadora conservó el negocio de transporte, pero habría quedado sin una parte relevante de los equipos necesarios para desarrollarlo. La querella asegura que los activos operativos que permanecieron en ella fueron valorizados en $488 millones.
Una empresa debilitada y con deudas intactas
Los antecedentes incluidos en el escrito indican que el patrimonio de la sociedad original bajó de $1.176 millones a $488 millones después de la división. Su capital también disminuyó desde $235 millones hasta $97,5 millones.
La querella no entrega una tasación individual de los bienes trasladados ni fija una cifra exacta para el vaciamiento patrimonial. Su acusación se concentra en la estructura de la operación y en el efecto que habría tenido sobre la capacidad de pago de la transportista.
Toyota sostiene que los activos inmobiliarios, financieros y operativos de mayor valor quedaron fuera del alcance de los acreedores. En cambio, la firma responsable de los contratos y obligaciones perdió parte importante de su respaldo económico.
El deterioro se manifestó rápidamente. A partir de febrero de 2023 comenzaron a multiplicarse las demandas civiles, laborales y previsionales contra Schiappacasse, hasta superar las 160 causas.
A diciembre de ese año, la transportista registraba incumplimientos comerciales por más de $350 millones, según los antecedentes citados por Toyota. A ellos se sumaban obligaciones laborales superiores a $540 millones. En conjunto, las deudas sobrepasaban los $890 millones.
La promesa de vender un terreno
Las primeras señales de alerta para Toyota surgieron en abril de 2023, cuando Schiappacasse comenzó a tener dificultades para acreditar el pago de sus obligaciones laborales y previsionales del mes anterior.
La automotriz solicitó a Santiago Schiappacasse y Pablo Garay que regularizaran la situación. Según el escrito, Santiago Schiappacasse explicó que la empresa atravesaba un desfase administrativo y financiero transitorio que sería solucionado a corto plazo.
La respuesta incluía la supuesta venta de un terreno, cuyos recursos permitirían ordenar las finanzas y pagar las obligaciones pendientes. Durante 2023, Santiago Schiappacasse, Marcelo Peña y otros integrantes de su equipo habrían repetido esa explicación en reuniones, correos electrónicos y conversaciones telefónicas.
Toyota afirma que la operación nunca se concretó y que esas explicaciones la mantuvieron ajena a la verdadera situación de la transportista. Mientras tanto, continuó pagando las facturas por los servicios recibidos.
La compañía japonesa también acusa que los ejecutivos advirtieron que, si los pagos se suspendían debido a la falta de certificados laborales, Schiappacasse tendría que paralizar el transporte. Ese escenario exponía a Toyota y a sus concesionarios a retrasos masivos en las entregas de vehículos.
El costo que terminó asumiendo Toyota
El conflicto adquirió una nueva dimensión en diciembre de 2023, cuando Toyota recibió la primera demanda de un extrabajador de Schiappacasse. En los meses siguientes, las acciones laborales se multiplicaron.
La automotriz terminó involucrada en 35 procesos, en los cuales los trabajadores buscaban que respondiera por las obligaciones impagas de su contratista. La suma reclamada en esas causas alcanzó inicialmente los $715,4 millones.
Para reducir esa exposición, Toyota llegó a conciliaciones y avenimientos en varios juicios. La compañía afirma haber desembolsado $68,6 millones para solucionar obligaciones laborales que correspondían a Schiappacasse.
A esa cifra se agregan $13,4 millones por daños causados a vehículos durante su traslado. Toyota emitió 12 facturas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, las que habrían sido recibidas, pero no pagadas por la transportista.
El perjuicio directo reclamado por la automotriz alcanza así los $82 millones. La cantidad todavía podría aumentar, debido a que permanecen abiertos algunos procesos laborales.
Toyota puso término a los servicios de Schiappacasse el 31 de diciembre de 2023, fecha que ya estaba contemplada en el contrato. Para entonces, sostiene, la transportista carecía de activos suficientes para responder por las obligaciones que había dejado pendientes.
Una investigación que recién comienza
Toyota acusa a los involucrados de utilizar una reorganización aparentemente regular para retirar activos del patrimonio de la empresa deudora. Sobre esa base, imputa los delitos de contrato simulado, defraudación y administración desleal.
La acción también busca establecer la responsabilidad de Inmobitalia, Schiappacasse Logística y Schiappacasse Gestión y Soporte como beneficiarias de la operación. La automotriz sostiene que recibieron bienes relevantes sin asumir una proporción equivalente de las deudas.
Entre las diligencias solicitadas figura una investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI. Toyota también pidió tomar declaración a los involucrados y revisar comunicaciones, inscripciones inmobiliarias y antecedentes contables.
La Fiscalía Centro Norte deberá ahora determinar el destino de esas diligencias y comprobar si la división realizada en 2022 respondió a una reorganización empresarial legítima o a una maniobra destinada a dejar los activos fuera del alcance de los acreedores.
Más casos judiciales empresariales en RoadShow:
