Un asado con karaoke no debería costarle el cargo a nadie. Pero cuando una autoridad entrega a la Contraloría una explicación que luego es desmentida por los hechos, la discusión deja de ser sobre el uso de un vehículo fiscal o una celebración y pasa a un terreno bastante más relevante: el de la integridad pública.
La salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero puede leerse como una polémica más de la contingencia. Sería un error. El episodio permite plantear una pregunta que trasciende ampliamente este caso: ¿cómo debe reaccionar una institución cuando uno de sus integrantes se equivoca?
La integridad no consiste en no cometer errores. Ninguna organización, pública o privada, puede garantizar algo así. Consiste en qué es lo que hacemos cuando esos errores ocurren: si los reconocemos o intentamos minimizarlos; si colaboramos con quienes deben fiscalizarnos o buscamos una explicación conveniente; si asumimos la responsabilidad o esperamos que el problema desaparezca.
Las mismas reglas para todos
En ese sentido, la reacción frente a una falta puede decir tanto sobre la integridad de una persona o de una institución como la falta misma. El Presidente decidió remover a ambas autoridades en cuestión de días. Más allá de la evaluación política que cada uno pueda hacer de esa decisión, hay un principio que vale la pena rescatar: la integridad de un gobierno no se mide por la ausencia de faltas —ya sabemos que eso no existe—, sino por la velocidad y la simetría con que las corrige, sobre todo cuando corregir implica tomar decisiones drásticas y dolorosas.
La palabra simetría es particularmente importante. Las reglas pierden legitimidad cuando parecen depender de quién las incumple. Una cultura de integridad requiere que los mismos estándares sean aplicables de manera equitativa a todos, con independencia de la jerarquía, cercanía, trayectoria o costo que pueda tener una determinada decisión.
Pero tampoco podemos construir instituciones íntegras confiando exclusivamente en que, llegado el momento, alguien tomará la decisión correcta. Una cultura de integridad exige determinación y liderazgo, pero también procedimientos. Necesita contar con reglas claras y conocidas; canales que permitan advertir oportunamente una irregularidad; autoridades que comprendan su responsabilidad personal frente a los actos que suscriben; colaboración efectiva con los organismos fiscalizadores y consecuencias previsibles cuando esas reglas se incumplen.
La integridad puesta a prueba
Esto es particularmente relevante en el caso del Estado, porque las autoridades administran recursos y ejercen atribuciones que pertenecen a todos, pero el principio es igualmente válido para las empresas. Una organización demuestra sus valores no cuando los publica en su sitio web o los incorpora a un código de ética, sino cuando debe aplicarlos en una situación incómoda, especialmente si hacerlo tiene costos.
Chile enfrenta desde hace años un problema de confianza en sus instituciones. Recuperarla no depende solamente de evitar grandes escándalos. También se construye —o se destruye— en situaciones aparentemente pequeñas, porque son precisamente esos episodios los que permiten observar cómo funciona una organización cuando nadie esperaba estar bajo escrutinio. Por eso, el desafío no es aspirar a instituciones donde nadie se equivoque, sino construir organizaciones capaces de responder correctamente cuando inevitablemente alguien lo haga.
Una verdadera cultura de integridad comienza antes de la falta, con reglas y responsabilidades claras. Se demuestra durante la crisis, con transparencia y colaboración. Y se consolida después, cuando se asumen las consecuencias, se corrigen los procedimientos y se aprende de lo ocurrido.
El karaoke se olvida en unas semanas, pero la firma en un oficio queda para siempre.
Por Janet Awad, presidenta de Fundación Generación Empresarial
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