La falla afectó el procesamiento, el valor cuota y el pago de rescates en cinco fondos mutuos.
Según la querella, el inversionista movió los recursos a depósitos a plazo y terceros, y luego intentó retirar fondos inexistentes.
La administradora lo acusa de hurto de hallazgo y estafa, y busca rastrear el destino del dinero mediante el alzamiento del secreto bancario.
Un cliente mantenía $169 millones invertidos en cinco fondos mutuos de Itaú AGF. Después de solicitar varios rescates, una falla del sistema terminó abonándole un total de $295,5 millones, casi el doble de su inversión. Cuando la administradora detectó lo ocurrido, el dinero pagado en exceso ya había salido de la cuenta.
Itaú AGF sostiene que $154,8 millones fueron abonados indebidamente y ahora exige su restitución. Según la querella, Cristián Eduardo R. G. utilizó parte de esos recursos para constituir depósitos a plazo y realizar transferencias a terceros, e incluso intentó efectuar un nuevo rescate por $9,8 millones cuando ya había retirado prácticamente toda su inversión.
La historia recuerda el conocido caso de CIAL Alimentos. En 2022, la empresa depositó por equivocación $165,4 millones a un trabajador que ganaba cerca de $500 mil mensuales. El empleado renunció y no devolvió el dinero, pero finalmente fue absuelto porque la justicia estimó que el hecho no configuraba apropiación indebida ni hurto de hallazgo, sino un pago de lo no debido que debía perseguirse por la vía civil.
Los rescates que el sistema pagó dos veces
El nuevo episodio comenzó en diciembre de 2025. En ese momento, el inversionista mantenía $169,1 millones distribuidos entre los fondos mutuos Itaú Deuda Chilena, Ahorro Corto Plazo, Ahorro UF, Deuda Nominal y Dinámico.
El 22 y el 29 de diciembre solicitó rescates por un total de $130,9 millones. La administradora procesó las operaciones y depositó correctamente los recursos en su cuenta corriente los días 23 y 30 de ese mes. Hasta ese momento, los retiros se encontraban pagados y liquidados.
Sin embargo, a comienzos de enero de 2026, una incidencia operacional provocó que el sistema volviera a procesar parte de esas instrucciones. La propia administradora reconoce en la acción judicial que el problema estuvo relacionado con el procesamiento de los rescates, el cálculo del valor cuota y el abono de los recursos.
Así, el 6 de enero, la cuenta del cliente recibió cuatro depósitos duplicados por $85,2 millones. Al día siguiente ingresó otro pago en exceso por $5,5 millones y, el 8 de enero, se agregaron dos nuevos abonos improcedentes por $64,1 millones.
De esta manera, el titular recibió $154,8 millones adicionales a los que realmente le correspondían. Al sumar los rescates legítimos pagados en diciembre y enero, los depósitos alcanzaron $295,5 millones, pese a que su inversión original llegaba a $169,1 millones.
Itaú acusa maniobras para retirar el dinero
La querella sostiene que el cliente advirtió que los recursos superaban ampliamente sus posiciones en los fondos mutuos. Sin embargo, en vez de informar lo ocurrido, habría realizado operaciones para sacar rápidamente el dinero de la cuenta e impedir que la administradora revirtiera los pagos.
Entre esas maniobras, Itaú menciona la constitución de dos depósitos a plazo y transferencias cuyos destinatarios y montos todavía deberán determinarse durante la investigación.
La entidad agrega otro antecedente. El 9 de enero, cuando el inversionista ya había recibido casi el doble de sus posiciones originales, ingresó nuevamente a la plataforma y solicitó un rescate por $9,8 millones sobre inversiones que, según la administradora, ya habían sido retiradas. La operación no alcanzó a concretarse porque el sistema había sido corregido.
Itaú comenzó a enviar comunicaciones formales al cliente el 26 de enero. En ellas detalló los depósitos improcedentes y solicitó la devolución inmediata de los recursos. La querella asegura que, pese a esos requerimientos, el titular de la cuenta se negó a restituirlos.
Querella por hurto de hallazgo y estafa
La administradora presentó la acción penal ante los tribunales de garantía de Santiago por los delitos de hurto de hallazgo y estafa. En el escrito también solicita que se investigue a todas las personas que puedan haber intervenido como autores, cómplices o encubridores.
Entre las diligencias requeridas se encuentra una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la declaración del querellado y el rastreo de sus productos financieros. Itaú también busca el alzamiento del secreto bancario para establecer qué ocurrió con el dinero y quiénes recibieron las transferencias.
El caso recién comienza y las acusaciones corresponden a la versión presentada por Itaú AGF ante la justicia. La investigación deberá establecer ahora dónde terminó el dinero y si las maniobras descritas por la administradora permiten diferenciar este episodio del precedente de CIAL.
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