Ocho acreedores sostienen que Eduardo Godoy no aclaró si los cuestionamientos presentados contra 17 cobros tenían fundamento.
Los inversionistas aseguran que el informe de 77 páginas se limitó a resumir los argumentos de las partes, sin entregar una conclusión sobre cada caso.
La presentación también exige explicar por qué Godoy puso en duda 16 de los 18 cobros revisados, pero no los de Sartor Táctico y Sartor Fund SPC.
Tres semanas después de que un grupo de acreedores intentaran removerlo, el liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, Eduardo Godoy, volvió a quedar cuestionado. Ocho de esos acreedores pidieron al 13° Juzgado Civil de Santiago que lo obligue a explicar por qué cuestionó 16 de los 18 cobros examinados en la liquidación de Asesorías e Inversiones Sartor, pero no hizo lo mismo con dos entidades vinculadas a la fallida.
Una de esas excepciones es el Fondo de Inversión Sartor Táctico en Liquidación, que busca recuperar $8.002 millones y encabeza la lista por monto. La otra es Sartor Fund SPC.
La arremetida apunta esta vez al informe con que Godoy abordó 17 reclamos de pago que continúan en disputa. El documento tiene 77 páginas y dedica un capítulo a cada caso. Describe los montos, identifica a quienes los cuestionaron y resume sus argumentos. Para los acreedores, hizo todo ese recorrido, pero se detuvo antes de responder la pregunta central: si existían razones suficientes para que el tribunal revisara cada reclamo.
Setenta y siete páginas bajo cuestionamiento
Cuando existen dudas sobre una suma reclamada, el responsable de la liquidación debe intentar aclararlas y luego entregar su evaluación al tribunal. Su tarea no consiste en decidir quién tiene la razón, sino en aportar una opinión técnica que ayude al juez a resolver.
Los inversionistas afirman que el documento de Godoy no cumple ese propósito. Para respaldar su postura, el abogado Sergio Zamudio acompañó ocho informes elaborados por otros cuatro liquidadores en procesos de empresas como Minera Tres Valles, Ezentis Chile, Conservas Centauro y Alimentos del Pacífico.
En esos documentos, los profesionales señalaron expresamente si cada cuestionamiento tenía sustento. Uno incluso concluyó que los argumentos presentados contra un cobro no tenían fundamento y debían rechazarse. La comparación busca demostrar que el análisis puede favorecer a cualquiera de las partes, pero no puede quedar abierto.
Godoy también afirmó que realizó gestiones para aclarar las diferencias y que contó con la colaboración de una parte importante de los acreedores. La presentación reclama que no dijo con quiénes se reunió, qué antecedentes pidió, cuándo lo hizo ni qué respuestas recibió.
Las excepciones vinculadas a Sartor
La mayor controversia aparece al comparar el trato dado a los distintos participantes. Godoy formuló reparos contra 16 de los 18 cobros incluidos en su revisión. Las únicas excepciones fueron Sartor Táctico y Sartor Fund SPC.
El primer fondo reclama $8.002 millones, la cifra más alta de todo el proceso. Godoy no objetó esa suma, aunque otro acreedor sí la puso en duda.
El caso de Sartor Fund SPC agregó otro antecedente. Al examinar sus documentos, el propio Godoy advirtió que no aparecía acreditado el pago del impuesto de timbres y estampillas. Tampoco encontró cartolas bancarias que demostraran que el dinero había ingresado efectivamente.
Pese a dejar esas carencias por escrito, no cuestionó el monto. Los acreedores exigen ahora que explique qué criterio utilizó y por qué su revisión fue distinta frente a las dos entidades relacionadas con la empresa.
El escrito aclara que no se le atribuye una intención determinada. La acusación es otra: Godoy habría aplicado criterios diferentes sin explicar las razones.
Más de $6.180 millones en juego
La presentación fue realizada en representación de Juan Pablo Covarrubias, Comercial Sur Chile, Inversiones ADM, Inversiones Santa Teresa, Bárbara Poblete, Asesorías e Inversiones Llico, Ximena Swett y Sebastián Torres.
Solo dos de esas sociedades buscan recuperar más de $6.180 millones. Inversiones ADM reclama $3.369 millones y Comercial Sur Chile otros $2.811 millones.
Los ocho acreedores quieren que Godoy precise qué antecedentes revisó, qué documentos solicitó y qué gestiones realizó para despejar las dudas. También piden que entregue una respuesta clara sobre cada uno de los 17 casos antes de que el tribunal resuelva.
El próximo movimiento corresponde al 13° Juzgado Civil de Santiago. El tribunal deberá decidir si las 77 páginas entregadas bastan o si Godoy tendrá que completar su trabajo antes de la audiencia en que se definirá la suerte de los montos en disputa.
